06 ago. 2025

Contrataciones admite protesta de oferente en licitación de urnas

Desafío. El implemento de la tecnología en los comicios y que resulte transparente,  es el reto que tiene enfrente el TSJE.

Desafío. El implemento de la tecnología en los comicios y que resulte transparente, es el reto que tiene enfrente el TSJE.

A raíz de los cuestionamientos vertidos por oferentes en el llamado a licitación para el alquiler de máquinas de votación por parte de la Justicia Electoral para su uso en las elecciones municipales, el proceso de recepción y apertura de ofertas puede dilatarse o, definitivamente, quedar sin efecto este proceso licitatorio y llamarse a uno nuevo. Esto debido a que por Resolución N° 4361, Rossana Paola Espínola, en su carácter de encargada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), recomendó la prórroga establecida para la recepción y apertura de ofertas que tenía como plazo el lunes próximo. En Contrataciones se informó que el proceso de resolución de este tipo de conflictos puede durar incluso 45 días.

La protesta fue admitida por Contrataciones, luego de que el 28 de octubre, en fecha tope para realizar protestas, la firma oferente Smartmatic International Holding BV haya presentado su queja contra el pliego de bases y condiciones realizado en el marco del procedimiento de licitación pública para la implementación del voto y escrutinio electrónico.

Se designó a la abogada Jessica Velaztiquí para que sustancie el procedimiento de protesta, y la propia institución le recomendó que se aplique la prórroga de la fecha establecida para la recepción y apertura de las ofertas, prevista para el próximo lunes 4 de noviembre del corriente año.

Esta decisión es con el objetivo de que antes de proseguir, sea resuelta la protesta planteada. Las protestas atacan la supuesta falta de garantías para la competencia.

Alegan que son llamativas las adendas y ciertas especificaciones que pone la contratante, supuestamente, para beneficiar a uno de los concursantes en el millonario proceso de USD 21,5 millones.

Específicamente, varias son las sospechas de que el TSJE buscaría privilegiar a la concursante Magic Software Argentina (MSA), que viene de competir también en idénticos procesos en la Argentina. Algunos cuestionamientos vertidos sobre la tecnología que implementa esta empresa en sus máquinas, tendrían que ver con que finalmente no garantizaría el secreto del voto. Esa es al menos la denuncia en un artículo periodístico del medio digital rosariodigital.net.com de este año.

ESPECIFICACIONES. En la adenda presentada el pasado 17 de octubre, se planteó una modificación respecto a algunas generalidades de la máquina de votación.

En ella, fija la necesidad de que se tenga que emitir boletín de voto impreso, actas de escrutinio, certificados de resultados y certificado de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), cuyo material deberá ser de gramaje (peso) igual o superior a 90 gramos.

Para una de las partes, la empresa que deba llevar a cabo la implementación del voto electrónico, debe ser una con experiencia en otras elecciones.


Proceso pone a prueba al TSJE

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), cuyos ministros muchas veces tomaron decisiones bastante cuestionadas por la ciudadanía, tiene sobre sí el peso de garantizar unas elecciones limpias y transparentes, más aún cuando se tendrá que aplicar un nuevo sistema para dar paso a la tecnología, tanto en el voto como en el escrutinio. Para los analistas, en este proceso licitatorio no debe existir ningún sesgo, porque se pone por delante la credibilidad de la institución.
No obstante, el proceso ya arroja algunos indicios de que se estaría inclinando hacia un oferente, si tomamos informaciones proporcionadas en el ámbito político, de que la única empresa de la industria electoral que emite un boletín de voto impreso con gramaje requerido a la medida que pide la oferente es Magic Software Argentina (MSA).
Si se confirmara la sospecha, ello podría añadirse al largo historial de procesos poco felices en la institución, como los alquileres de oficinas con sobrecosto, compras desmedidas de camionetas, viáticos sin control para funcionarios y planillerismo.