Urbieta denunció que la Contraloría no cumple con la ley 5.282, de Información Pública, al rechazar los pedidos de informes o directamente no recibir las notas de solicitudes de varios entes públicos.
Al respecto, el director de Control Ciudadano de la Contraloría, Fabián Forestieri, explicó que esta institución es un órgano extrapoder, independiente del Ejecutivo.
Todos los funcionarios públicos deben presentar sus declaraciones juradas y la base de estos datos tiene la Contraloría, pero no la puede hacer pública porque tanto la ley 5.033 como la Carta Orgánica de 1994 lo prohíben.
“La Contraloría, por una cuestión legal de la ley 5.033 que establece el régimen de presentación jurada y regula el artículo 104 de la Constitución, tiene una prohibición de brindar esta información, salvo caso que un juez competente solicite dicha información o que la persona libere su información personal”, detalló Forestieri a ÚH.
Según Urbieta, el contralor general Roy Rogers ordenó responder a los pedidos y dijo que es la Dirección de Control Ciudadano la que no cumple con la disposición. Sin embargo, el encargado de esta dependencia, asegura que justamente el contralor es quien rechaza y autoriza las solicitudes.
Lamentó las declaraciones de Urbieta, cuya administración depende del Ministerio de Justicia: “Ella debería pedir disculpas a la Contraloría porque su ignorancia de la ley no nos exime del agravio que sufrimos, que simplemente pasa por una interpretación confusa de cómo se maneja el Estado en Paraguay”, indicó.
La directora de Acceso a la Información solo puede tramitar solicitudes de información en el ámbito del Poder Ejecutivo, cuando compete a Contraloría debe derivar los pedidos a esta institución, al ser independiente de los demás poderes del Estado, según el director de Control Ciudadano.
Entre el 2014 y 2016, la Contraloría recibió y contestó 283 pedidos de informes por parte de la ciudadanía.
