“Lo que pasa es que acá hay varias cosas que se tienen que cumplir. ¿Cuál es la razón de la declaración jurada?, es tener un conocimiento de la situación patrimonial del funcionario al entrar y al salir de la función pública. Ahí hay un trabajo interno que tiene que hacer la Contraloría, que es ver la consistencia o la inconsistencia de los bienes; si hay una consistencia entre lo ganado en sueldos con lo gastado, entre ingresos y egresos, inversiones, compras, ventas, y se debe hacer una especie de balance para ver si existe armonía entre ingreso y egreso, conforme su condición de funcionario público. Si no hay, la Contraloría tiene que informar a la Fiscalía de la inconsistencia, y la Fiscalía tiene que impulsar el procedimiento de investigación por enriquecimiento ilícito. Esa es una vía”, explicó Estigarribia.
Agregó que otra alternativa es que, ahora que se divulgaron las declaraciones juradas, “cualquier particular o cualquier funcionario público que conozca de un caso sospechoso denuncie a la Fiscalía”, y la Fiscalía está obligada a investigar. “Obviamente que el informe de Contraloría es mucho más contundente, porque es ya un análisis técnicamente hecho”, resaltó el ex senador.
Expresó que la ciudadanía olvida que desde hace mucho tiempo la Contraloría no hace este trabajo, y en los casos que lo haya hecho se debe verificar cómo están estos informes en la Fiscalía. “La Contraloría es la que tiene las declaraciones juradas para poder hacer este estudio. Es la primera responsable de ver la consistencia de las declaraciones juradas”, insistió el analista político.
REUNIÓN. Hay que recordar que hasta ahora ni la Contraloría ni la Fiscalía han apuntado sospechas en las declaraciones juradas que se han publicado, aunque el 29 de junio pasado ya se realizó la primera mesa de trabajo en la sede central de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de trazar líneas de trabajo relativas a los análisis y exámenes de las documentaciones. De aquel encuentro participaron la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; el Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana; el viceministro de Tributación, Óscar Orué, y fiscales de Delitos Económicos.
Estigarribia también apuntó que la publicación de las demás declaraciones juradas depende de la voluntad de la Contraloría. Sucede que el fallo judicial incluía a los funcionarios entre los años 1998 y 2017. “El fallo judicial es para el caso concreto y conforme se pidió y dictó. No puede aplicarse de una manera general. No es como una ley, no es como un decreto. Un fallo judicial se aplica en los términos que se dictó. El resto ya es voluntad de la Contraloría publicar o no (…). La Contraloría las puede dar a conocer, no lo hizo nomás”, aseveró el ex parlamentario.
Refirió que otra opción para que se publiquen más declaraciones es ampliar la acción judicial y tendrá que haber una nueva resolución donde se ordena la publicación de las demás DDJJ.
La Contraloría es la que tiene las declaraciones juradas. Es la primera responsable de ver la consistencia de esas declaraciones.