Una comitiva de la Contraloría General de la República (CGR) estará hoy, a las 11.30, en el Municipio de San Lorenzo para iniciar la auditoría a la administración de Albino Ferrer, quien renunció al cargo de jefe comunal luego de 13 años el pasado miércoles. Inmediatamente, la Junta Municipal aceptó su dimisión y fue designado como intendente interino el concejal Alcibiades Quiñónez.
Esta mañana se anunció que la CGR hará también el anuncio de nuevas auditorías a gobernaciones.
La aceptación de la renuncia de Ferrer la semana pasada fue considerada una salida decorosa y causó indignación en la ciudadanía que venía protestando desde hace varios días por la mala gestión y múltiples irregularidades en la administración municipal. En horas de la tarde de ese miércoles se registraron varios incidentes entre manifestantes que pretendieron cerrar el caso de los concejales (oficialistas y opositores) que decidieron blanquear a Ferrer y no permitieron que el mismo salga por vía de la intervención.
El proceso por el cual se presionó al ex intendente Ferrer a que deje su cargo, so pena de pasar por un largo camino hacia la destitución, empezó el 14 de febrero pasado y culminó con la elección de un nuevo intendente una semana después.
Ferrer fue intimado a dar informe por cada una de las causales que los concejales iban a promover para la intervención. Ferrer informó 72 horas después, pero los concejales, a quienes la ciudadanía de San Lorenzo le exigió que llegue hasta la activación de la intervención, optó por dilatar y solicitar una auditoría externa que iba a ser pagada con los fondos del Municipio.
Esto enervó los ánimos de la gente y el miércoles de esa semana hubo un cambio de timón en la Junta. Se llamó a sesión extraordinaria y se trató la renuncia de Ferrer que fue entregada horas antes.
Algunas fuentes indican que como su renuncia permitió que tome el cargo un integrante de Colorado Añetete, la movida había sido orquestada por fuerzas externas a la Comuna. En conclusión, le habrían dado la salida más cómoda a Ferrer poniéndole de ejemplo que si no cooperaba, él podía tener la misma suerte de la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías.
El calvario del clan Zacarías se inició en octubre del 2018 cuando la Junta Municipal de Ciudad del Este, con mayoría de 7 votos, aprobó el pedido de intervención.
Rápidamente, a inicios de noviembre, el pleno de Diputados se reunía para fijar fecha de una decisión que era inminente. De hecho, previamente el Ejecutivo había dictaminado por la intervención. El 26 de noviembre McLeod optó por presentar su renuncia ante la inminente decisión de Diputados. La Justicia Electoral aceptó la renuncia y convocó a elecciones, desatando una crisis institucional, dado que la prerrogativa de aceptar la renuncia la tenía la Concejalía. Luego la Junta sesionó nuevamente y se pretendió dejar el cargo a Celso Miranda, quien fue ignorado por el Congreso.