El contralor general de la República, Enrique García, insiste en auditar al Ministerio Público, pese a que esta institución planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El titular de dicho órgano contralor, a través de un documento remitido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, refiere que por resolución se aprobó el Plan General de Auditoría de la Contraloría, donde se estableció realizar la auditoría correspondiente al Ejercicio fiscal 2018.
Incluso, nombra a Amado Zárate Pino, Édgar Cáceres Fernández, Leonardo Ayala, Santiago Insaurralde y Romy Sanabria como los que van a cumplir funciones en los roles de coordinador, supervisor, jefe de equipo y auditores respectivamente.
Cabe destacar que esta última había sido blanco de críticas debido a que, supuestamente, no realizaba trabajos de auditoría, pese a que percibía el salario por el mismo.
García así también requiere la designación de un nexo oficial para la provisión de documentos e informes para su posterior análisis.
acción. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, recientemente accionó ante la Corte Suprema para poder rendir su ejecución presupuestaria ante el Tribunal de Cuentas y no solo ante la Contraloría. Pidió suspender los efectos de la ley, tal y como lo hicieron los anteriores fiscales generales.
Cabe destacar que Quiñónez el año pasado ya había rechazado el control de gastos por parte de la Contraloría, basándose en un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, recordemos que García fue imputado por la Fiscalía por producción de documentos no auténticos, en su modalidad de uso. Aunque la Corte decidió anular dicha causa, alegando que el titular del ente contralor debía ser sometido a juicio político para ser procesado.