El proyecto de ley impulsado por el contralor general Camilo Benítez no solo establece la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios, sin orden judicial, sino que la Corte Suprema de Justicia permita a la Contraloría tener acceso directo a los datos de los Registros Públicos, Registro del Automotor y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que les fue negado por la máxima instancia judicial.
Esto con el objetivo de poder realizar las verificaciones de lo declarado por las autoridades, es decir, los exámenes de correspondencia.
“La Contraloría se encuentra limitada por el sistema, en cuanto a los exámenes de correspondencia. Tardamos demasiado en culminar porque no tenemos acceso a la información de los Registros Públicos, de Automotores, de la SET, y nosotros pedimos a la Corte que nos dé un acceso directo y nos negaron, por ese motivo, ahora con esta ley queremos tener acceso”, expresó Benítez.
El contralor indicó que, de aprobarse la normativa, la Contraloría va a poder efectuar miles de exámenes de correspondencia todos los días. “Por eso se pide en el proyecto que se implemente un software para que se haga automáticamente ya un examen de consistencia, que hoy en día tardan seis meses a un año en remitir esa información”, comentó.
Benítez señaló que el proyecto contempla la aplicación de inteligencia artificial para realizar los exámenes. “Estaríamos a la vanguardia de los procesos de enriquecimiento de funcionarios, seríamos uno de los países con mejor sistema de control”, apuntó.
BLOQUEO. El problema que encuentra el proyecto, en estudio actualmente en la Cámara de Diputados, es la intención de las bancadas coloradas, Colorado Añetete y Honor Colorado, de bloquear la publicidad directa de las declaraciones juradas. Igualmente, se quiere evitar, sobre todo desde el cartismo, que se puedan acceder a los datos de los Registros Públicos, como menciona la propuesta.
Lo único que se mantendría del proyecto presentado por el contralor es la exclusión de las empresas proveedoras del Estado de presentar las declaraciones juradas y el ajuste de los montos de las multas.
