Los profesionales cuestionaron las “intimaciones extorsivas y bloqueos ilegales del RUC” que realiza la SET, hechos que a su criterio atentan contra la Constitución Nacional y el Código Tributario.
Criticaron a la viceministra de Tributación, Marta González Ayala, por desvirtuar la reforma impositiva, con interpretaciones abusivas sobre lo realmente estipulado en las normativas vigentes.
El tiempo límite para que los aportantes del IRP puedan rectificarse por supuestos abusos en las deducciones fue postergado en tres ocasiones, quedando finalmente en el 31 de enero de este año. Unos 12.005 fueron los emplazados, ya a mediados del 2017.
En ese sentido, los contadores solicitaron que se den por contestadas todas las notificaciones, remarcando que las inversiones hechas por los contribuyentes son 100% deducibles, según la Ley del IRP.
Esta misma nota fue remitida igualmente ayer a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, con quien también pidieron una reunión días atrás para discutir sobre la postergación del software Aranduka. Sin embargo, indicaron que hasta ahora no tuvieron respuesta.
Postergación. Los gremios contables aprovecharon la ocasión para solicitar también una recalendarización de los vencimientos de la liquidación del IRP para abril, de la presentación de estados financieros para julio y de los informes de auditoría externa para agosto. Los vencimientos actuales son marzo, mayo y junio, respectivamente.
Los profesionales argumentaron que la presentación de estos informes es muy compleja, lo que, por la proximidad de las fechas entre una y otra, ocasionan retrasos que muchas veces pueden incidir en una incorrecta presentación de las documentaciones.
Recordaron las inquietudes de los agremiados por los inconvenientes que se generan regularmente por la caída del sistema Marangatu, por lo que pidieron establecer medidas de seguridad ante fallas o colapsos del citado programa que garanticen el acceso a cualquier hora.
Finalmente, reiteraron al presidente Cartes y a la ministra Giménez su intención de formar una mesa de diálogo para conciliar criterios con base en una interpretación correcta de las normativas vigentes y para generar una nueva ley del IRP que establezca reglas claras de aplicación.
ÚH intentó dialogar ayer con la viceministra de Tributación, pero la funcionaria no respondió a nuestras consultas.
