José Antonio Galeano, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), aseguró este sábado, en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que construir más cárceles es habilitar más depósitos de personas.
“No es la solución. Construir cárceles es habilitar más depósitos de personas, más grandes, más lindas, un tiempo nomás. Juan Antonio de la Vega (Emboscada) tiene 15 años como penitenciaría y estaba pensada para 300 personas; hoy están 1.400", expresó.
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Explicó que son realidades que tienen que ver con una ley plenamente vigente, que es la de la utilización de las pulseras electrónicas para las personas que, teniendo ya un momento de su condena próximo a compurgar su pena, dejen de estar en la cárcel y sean controladas a través de dispositivos electrónicos.
Recordó que el Estado había dicho que pague el preso su pulsera y que esta es cara, por lo que señaló que se debe encontrar por algún lado una solución.
Comentó que como MNP propusieron una cumbre de poderes, que era llamar a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para hablar del sistema penitenciario como una cuestión de interés para la sociedad en su conjunto.
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“No hemos tenido el eco que hubiéramos querido. Avanzamos en algunas cosas. Hemos logrado, por ejemplo, devolverle al magistrado judicial su dignidad de tal, en el sentido de no estar pendiente permanentemente de qué era crimen y qué no, para no poder otorgar medidas que no sean la prisión preventiva”, agregó.
Aseguró que se necesitan “cambios muchísimos más profundos” que interesen también a la comunidad.
“No se puede tratar a todos los internos por igual”, dice ex juez
Por su parte, el ex juez penal de Garantías Pedro Mayor Martínez mencionó que el Estado tiene que proveer soluciones y que no se puede tratar a todos los internos por igual, porque “hay reclusos que son sicópatas”, tienen alguna predisposición muy alta a crímenes violentos y deben ser tratados con los mecanismos legales que existen.
Sostuvo que no todos tienen que recibir el mismo tipo de reacción del Estado y que acá “hay delincuencia de cuello blanco” que lo que hace es incidir en el Estado para sacar recursos para una población que necesita. Luego se tiene la delincuencia de calle, que es la que más afecta a la ciudadanía.
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Aseguró que las cárceles del país no cumplen con el postulado constitucional de resocialización, sino de destrucción.
“Si yo meto una bombita, un mbocavicho, en la cárcel, y no lo desarmo, no lo desactivo, cuando vuelva a su salida a la sociedad ya tiene un poder destructivo”, agregó.
Cifras de la población penitenciaria
La población penitenciaria llega a 16.382 en las 18 cárceles del país. La capacidad es solo para 10.000 y algunas estructuras son obsoletas.
Un total de 38 reclusos están identificados como miembros de la comunidad LGBTI, 53 tienen discapacidad, 306 se encuentran con enfermedades mentales, 70 tienen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 36 padecen sífilis y 532 son extranjeros.
Además, hay 186 indígenas, 16 embarazadas, 27 niños están con sus madres tras las rejas y 387 son personas privadas de libertad de la tercera edad.
