El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, será el encargado de recibir la reacreditación oficial en Ginebra, Suiza, entre el 10 y 12 de marzo, fecha de la reunión anual de la Ganhri.
Este hecho sucede en medio de denuncias de organizaciones por acciones autoritarias del Gobierno.
Incluso, recientemente, el medio británico The Economist bajó la categoría de la democracia en Paraguay, de defectuosa a régimen híbrido, esencialmente por la ley contra las organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo destaca que este logro “es fruto del arduo trabajo de la gestión de turno”, ya que el estatus había sido perdido hace más de una década.
“Paraguay reafirma el cumplimiento de los Principios de París, los cuales establecen criterios fundamentales como la independencia, el mandato amplio, la pluralidad, la disponibilidad de recursos adecuados y la libertad para abordar problemas de derechos humanos”, señala la Defensoría.
La reacreditación tiene una duración de cinco años. Otorga al país voz y voto en foros globales dentro de la Ganhri.
En el año 2014, Paraguay sufrió una suspensión total de acreditación, según el artículo 19 del Estatuto de la Ganhri. Esta situación se mantuvo hasta el año 2019, cuando la Defensoría volvió a solicitar la acreditación y obtuvo la categoría B.
Contradictoriamente, organizaciones como Amnistía Internacional o Codehupy denuncian que en el país siguen las acciones discriminatorias hacia comunidades indígenas y campesinas.
En 2024, el país registró 34 casos de feminicidio y 46 intentos de feminicidio, según datos del Ministerio de la Mujer. “Estos números reflejan la urgencia de implementar políticas públicas efectivas que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres”, expresa un informe de Codehupy.
Entre 2023 y 2024, Paraguay perdió aproximadamente 3.000 hectáreas de bosques, poniendo en riesgo ecosistemas únicos y contribuyendo al cambio climático. El informe critica la expansión de proyectos extractivistas, como las plantaciones de eucaliptos, y responsabiliza al Gobierno por priorizar intereses corporativos sobre la protección del medio ambiente, indica.
Además, advirtió sobre la creciente informalidad laboral y el aumento de actividades ilícitas como el narcotráfico, las cuales agravan la inseguridad y dañan la economía.
Critican al oficialismo por oponerse a la educación sexual integral en las escuelas, mientras que el país tiene uno de los más altos niveles de abuso infantil. Tampoco se reconoce el derecho al matrimonio igualitario y actualmente incluso se anuncia la eliminación de la ley de protección a las mujeres, el Ministerio de la Mujer y de la Niñez.
