La implementación del nuevo sistema genera varios cuestionamientos, como el caso de tercerización del servicio para que una empresa privada se quede con parte de la recaudación de la Comuna, la cantidad de años del contrato, dejar a un lado a los funcionarios municipales y el acceso a los datos privados de los contribuyentes, entre otras disconformidades.
Al respecto, Ferreira indicó que no se trata de una tercerización, ya que serán los funcionarios, con previa capacitación, los encargados de atender a los contribuyentes utilizando la tecnología que el consorcio proveerá.
Desmintió que habrá encarecimiento del impuesto al implementar una nueva tecnología. Afirmó que los planes de financiación, de acuerdo con la capacidad de pago de cada contribuyente, continuarán.
La remuneración para la empresa sería del 22,77% del excedente de la recaudación anual, haciendo el comparativo con el año anterior hasta cumplir los diez años. Hasta el momento, la recaudación de recursos genuinos de la Comuna se encuentra en el orden de los USD 150 a 170 millones anualmente, según Ferreira.
Tiempo. Varios concejales, como Orlando Fiorotto, estuvieron en contra del proyecto, ya que asegura que la firma privada accederá a la base de datos de propietarios asuncenos. Afirmó además que la normativa indica un contrato de solo cinco años y no de diez años.
Sobre la cantidad de tiempo que durará la adjudicación, el director de Finanzas sostuvo que se trata de un proceso a largo plazo porque debe ser actualizado y sostenido para ver los resultados. “El trabajo de mayor recaudación estimamos que podríamos verlo recién a los dos años de la implementación”, detalló.
Señaló que el principal objetivo es la depuración y actualización de bases de datos. Hasta la fecha el registro muestra a un total de 146.000 contribuyentes, aproximadamente, pero en la realidad no se precisa si la cifra es mayor. En cuanto a la morosidad, dijo que es del 35%.
Protesta. La presidenta del Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), Gladys Galeano, expuso que impulsarán una acción de inconstitucionalidad contra la homologación aprobada por los ediles.
Expuso que con esto se realiza la venta del Municipio a una empresa privada. Lamentó que se entregará anualmente al consorcio la suma de USD 19 millones.
Comentó que ayer, en la corporación de la Junta Municipal, se negaron a recibir la nota de pedido del sindicato, en la que solicitaron una copia de la homologación que fue aprobada.
“Nos sorprende además cómo los concejales que ni siquiera conocen a la empresa tengan que aprobar un contrato por diez años”, señaló Galeano. Agregó que planean próximamente una movilización con las comisiones vecinales.
