El titular del Poder Legislativo, Óscar Cachito Salomón, informó que ya se envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo y eleva las penas por invasiones de inmuebles, con hasta 10 años de prisión.
“Ojalá que el presidente, Mario Abdo Benítez, tome la mejor decisión”, mencionó al tiempo de reconocer que votó a favor de la ley y que no se encuentra arrepentido por ello.
Las organizaciones indígenas, campesinas y sintierras emplazaron por 24 horas al presidente de la República para que vete el documento, de lo contrario anuncian más movilizaciones.
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“Creo que tenemos que buscar la solución y esta solución está en manos del presidente. Nosotros somos parte de esto, hemos tomado partido desde el momento que votamos y en estos momentos la solución está en manos del Poder Ejecutivo”, sostuvo.
El presidente del Congreso señaló que, cualquiera sea la decisión tomada por el jefe de Estado, espera que se pacifiquen los ánimos. “Hoy lo más importante es llamar a la paz, esto no le viene bien a nadie”, instó.
No obstante, comentó que el problema de la tierra no solo pasa por elevar las penas y detalló que se tienen 1.996 expropiaciones y una deuda de USD 140 millones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por tierras adquiridas, pero que no se pueden pagar.
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“No hay presupuesto para compra de tierra. Sin presupuesto va a ser muy difícil llegar a las soluciones, creo que es el momento de mirar solidariamente a estas instituciones”, precisó.
Agregó que si desde el Parlamento existe el elemento para solucionar esta cuestión, se reunirán cualquiera sea el día y la hora para tratar ampliaciones u otras modificaciones que ayuden a zanjar el problema.
Preocupa financiación de grupos
Por otra parte, el presidente del Senado señaló que la Fiscalía se encuentra investigando la manera en que se iniciaron los disturbios este miércoles en la Plaza de Armas, que dejaron varios heridos y daños materiales.
Alegó que también preocupa la situación en el interior del país y los que podrían estar financiando las movilizaciones, a pesar de que prefirió no dar nombres.
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“Aquí preocupa que 1.200 indígenas hayan aguantado más de 10 días en la plaza, cómo tienen forma de resistir, quién está detrás de esto: transporte, alimento, agua”, mencionó.
Asimismo, consideró oportuno la mediación de la Iglesia Católica para que se pueda llamar a la calma y evitar nuevos conflictos ante la decisión que pueda tomar el presidente respecto a la ley.
Durante la jornada del miércoles, se produjeron graves incidentes entre nativos y policías con un saldo de unos siete policías y dos manifestantes heridos.
