El planteamiento fue ideado por el Ministerio de Hacienda en respuesta a la veintena de iniciativas que pretendían aumentar los gastos y restar los ingresos del Fisco por valor de USD 1.800 millones. La preocupación principal pasaba por los aumentos salariales indiscriminados que estaban en discusión en un Poder Legislativo que ya estaba pensando en las elecciones internas partidarias de este domingo y en los comicios generales de abril próximo.
Sin embargo, a ocho meses de haberse presentado y ya con el cierre de un nuevo periodo parlamentario, se puede concluir que el proyecto de ley fue hábilmente cajoneado en el Congreso. En este tiempo, ni siquiera fue analizado por las comisiones asesoras para la emisión de un dictamen.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, lamentó que esta propuesta no haya corrido, ya que es de vital importancia para evitar desbordes en años electorales.
Durante su rendición de cuentas realizada días pasados en el Banco Central del Paraguay (BCP), Llamosas recordó que también cumple dos años de estar cajoneado el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal 2.0. Esta propuesta, además de prohibir cualquier aumento salarial hasta el 2024, pretendía topear la deuda en el 40% del PIB y que el déficit anual no pueda superar el 1% en caso de que el indicador deuda/PIB sea mayor al 36%, como ya ocurre actualmente.
PUNTOS PRINCIPALES. El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Hacienda contempla, principalmente, la prohibición de incrementar los salarios del plantel público en años electorales (internas y generales), como lo son este 2022 y el 2023.
Incluye, asimismo, la prohibición para que el Congreso apruebe iniciativas que impliquen modificaciones al sistema tributario interno, en cuanto a reducción o limitación de ingresos fiscales.
Según los documentos oficiales, una veintena de iniciativas estaban en estudio al momento de presentarse el planteamiento, algunos de ellos ya en vigencia y otros vetados por el Ejecutivo.
Entre ellos figuran, por ejemplo, cinco proyectos que pretendían aumentos de salarios y bonificaciones, así como creaciones de cargo, para entidades como la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cámara de Senadores y Caja de Empleados Ferroviarios.
Además, estaba pendiente de definición en el Congreso el veto del Ejecutivo a la indemnización a ex obreros de Itaipú, la cual demandaría unos USD 900 millones adicionales. Finalmente, la objeción quedó firme tras finalizar el periodo legal que tenía el Congreso para volver a estudiar la ley.
A esto se suma la preocupación del Ministerio de Hacienda por los aumentos generalizados que aprobaron los legisladores dentro del Presupuesto General de Gastos del 2023 para diversas instituciones y la creación de unos 2.900 cargos. La cartera no descarta un veto parcial al Presupuesto sancionado por el Parlamento.
