19 jul. 2024

Confirman pena de 12 años a secuestrador de un joven

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 12 años de pena privativa de libertad por el plagio de C. C. C., en Encarnación.

Cerebro.  Sebastián B. tápandose la cara tras su detención por parte de los uniformados.

Cerebro. Sebastián B. tápandose la cara tras su detención por parte de los uniformados.

El sentenciado es Tomás de la Cruz Sosa Servián, quien en juicio oral fue hallado culpable del secuestro y autosecuestro por el fiscal Eustacio Hermosilla.

Los ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa y Sindulfo Blanco confirmaron la sentencia a 12 años al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por la abogada defensora, Delma Rodríguez.

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Fausto Cabrera Riquelme, Guillermo Skanata y Alejandro Pasniuk habían dictado la condena a Sosa a 12 años de pena privativa de libertad, el 5 de febrero de 2010.

La defensa apeló el fallo y pidió absolución del acusado, a lo que el Tribunal de Apelación en lo Criminal de Itapúa resolvió confirmar la sentencia, pero redujo la condena a 10 de años de cárcel, el 5 de noviembre de 2010.

Los ministros entendieron que la condena dictada por los jueces del Tribunal de Sentencia se ajusta a derecho, por lo que debía ser confirmada.

La querella pidió que se confirme la pena de 12 años impuesta por el Tribunal de Sentencia y se anule lo impuesto por el Tribunal de Apelaciones, la Fiscalía también solicitó el mismo pedido.

el caso. El hecho se produjo el 18 de febrero de 2009, cuando Sebastián B., Carlos S. y Édgar C., a bordo de un lujoso automóvil, perpetraron el secuestro de su primo, con la complicidad de Tomás de la Cruz Sosa y Yolanda Aquino, quien fue separada del caso porque fue contratada para otro fin.

Todos fueron detenidos en la misma noche en que se materializó el plagio. De acuerdo a la investigación fiscal, el ideólogo de todo fue Sebastián B., primo de la víctima.

Los jóvenes habían pedido G. 1.500 millones, pero esta suma bajó a 200 millones porque era lo que tenía la familia de la víctima, pero luego, tras investigaciones de la fiscalía, se supo que no se concretó el pago.

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