El Tribunal de Apelación en lo Penal ratificó el sobreseimiento definitivo, por duda, de Stiben Patrón y varios otros procesados, por el caso de la quema del Congreso del 31 de marzo del 2017, tras las protestas antienmienda pro-reelección del entonces presidente Horacio Cartes.
Es en la denuncia planteada por la ex legisladora Blanca Lila Mignarro, actual parlamentaria del Mercosur.
Los camaristas Cristóbal Sánchez, Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios ratificaron el fallo dictado por el juez Rubén Riquelme el 7 de marzo del año pasado.
El magistrado había sobreseído por duda a Stiben Patrón, Cristhian Arce, Darío Aquino, Moisés Leimbacher, Cristóbal Fonseca, Braulio Ruiz Díaz y Delia Zárate.
Sin embargo, la abogada María Isabel Candia de Hermosilla, por la defensa de Fonseca y Ruiz Díaz, había apelado la resolución del juez Riquelme.
SIN DUDA. La abogada había requerido que el sobreseimiento se dé por otro inciso donde señala que es evidente que el hecho no existió, que no constituye hecho punible o que el imputado no participó.
La abogada pretendía que con esta calificación, se declare a la denunciante, Blanca Lila Mignarro, en ese momento senadora, como que actuó con temeridad y falsedad, lo que da pie a una acción por falsa denuncia en su contra, a más de una demanda por indemnización por daños y perjuicios.
Sostuvo que en la investigación se realizaron todas las pesquisas y que era evidente que sus defendidos no participaron del hecho investigado por la fiscala Ariela Chaparro.
Al contestar el recurso, la fiscala señaló que se realizaron todas las investigaciones, y que tras el desistimiento de la denunciante quedó una duda insuperable.
De esta manera, solicitó que se ratificara la resolución dictada por el juez Riquelme con respecto al sobreseimiento definitivo por duda.
SÍ EXISTIÓ. Al analizar la cuestión, los camaristas dijeron que era evidente que los hechos investigados sí existieron, que hubo quema del Congreso y que la conducta se tipifica según la norma.
De esta manera, entienden que se debe ratificar la resolución del magistrado de Garantías, de la manera en que fue dictada.
En el caso, la legisladora denunció los hechos y se abrió una investigación por la quema de la sede del Poder Legislativo, tras las protestas del 31 de marzo del 2017.
