09 ene. 2026

Condenan a 17 represores de dictadura chilena por homicidio de opositores

La justicia chilena condenó este viernes a 17 miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet, por los homicidios calificados de siete opositores en la denominada “Operación Alfa Carbón”.

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Según las investigaciones, las víctimas fueron asesinadas entre el 23 y 24 de agosto de 1984. Foto: Cope.es

EFE

Según fuentes judiciales, la determinación fue tomada por el ministro en visita (juez especial), Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de la sureña ciudad de Concepción por el crimen de siete miembros del desaparecido Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Según las investigaciones, la víctimas fueron asesinadas entre el 23 y 24 de agosto de 1984, en las localidades de Talcahuano, Concepción, Los Ángeles y Valdivia, todas situadas en el sur de Chile.

De acuerdo al fallo difundido este viernes en la página del Poder Judicial chileno, los 17 miembros de la CNI recibirán penas de entre 20 y 15 años de presidio por homicidio calificado.

La CNI fue un servicio de inteligencia que funcionó como organismo de represión estatal, persecución, asesinato y desaparición de opositores políticos durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet en Chile, entre 1977 y 1990.

Fue creada inmediatamente después de la disolución de su predecesora, la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Los siete opositores fueron identificados como Luciano Aedo Arias, Nelson Herrera Riveros, Mario Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala.

La sentencia incluye una condena al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 810 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) a los familiares de las víctimas, de acuerdo con cifras determinadas para cada caso, según el dictamen judicial.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

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