Con la coordinación del diputado liberal Antonio Buzarquis y con la presencia de todos los legisladores miembros de la comisión especial designada para analizar el pedido de intervención de la Comuna de Ciudad del Este, se llevó a cabo ayer la reunión con los ediles, quienes punto por punto fueron desglosando cada acusación.
La asesora financiera de los concejales, Magdalena Montiel, la concejala colorada Lilian González de Aguinagalde y el concejal liberal Teodoro Mercado fueron quienes más intervenciones realizaron para explicar los motivos que consideran más que suficientes para que se apruebe la intervención de la gestión de Sandra McLeod.
Indicaron que bajo ninguna circunstancia se puede hablar de una persecución política, ni de una cuestión personal en contra de la jefa comunal, debido a que están concejales de varios signos políticos y que lo que pretenden con la intervención es lograr la transparencia.
Por el lado de los diputados, fue el cartista Basilio Núñez quien más cuestionó algunos puntos, principalmente el primero, que hace referencia a una supuesta malversación de fondos por valor de G. 36.507.512.456 provenientes del impuesto inmobiliario. Dijo que se está tratando con ligereza una situación que involucra al segundo municipio más importante del país y sin dictamen de la Contraloría General de la República.
Subrayó que se habla de malversación y no de faltantes y pretendió llevar el debate sobre artículos de la Ley 5513/15 del nuevo régimen tributario, a lo que el concejal Mercado respondió que la discusión no es en torno a la creación de una ley.
El punto hace referencia a que la intendenta utilizó recursos de dicho impuesto para gastos corrientes, cuando la ley establece que solamente puede hacerlo en un 40%.
Núñez informó a los concejales que existe una acción de inconstitucionalidad por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este sobre uno de los artículos de la citada ley, lo que le permitiría a la institución el uso discrecional del impuesto inmobiliario.
Los concejales agradecieron la información debido a que no manejaban el dato y aprovecharon la oportunidad para recordar que, a pesar de todos los pedidos, la intendenta se niega a facilitarles información y documentos.
Reclamaron que la rendición de cuentas se hace solamente con copias de documentos y sobre gastos que la jefa comunal quiere dar a conocer y no sobre la ejecución presupuestaria en general.
Otro punto resaltante fue el de las irregularidades en la ejecución de los tributos correspondientes a estacionamiento controlado en el microcentro. Mencionaron que en el 2016, según datos de la Comuna, solamente 523 vehículos habrían pagado por el estacionamiento tarifado, cantidad que aumentó considerablemente en el 2017, tras denuncias, a 3.233 vehículos.
Los concejales solicitaron a los diputados que el pedido de intervención no se decida políticamente, sino que lo hagan basados en las irregularidades existentes. Indicaron que es momento de que la ciudad esteña se libere del sistema que rige en la zona y que toda una ciudad estará agradecida con los legisladores que acompañen el pedido.
Por su lado, el diputado Buzarquis se comprometió en que la Cámara Baja tratará el tema de manera política y jurídica, pero no de manera electoral.
PROCESO. Si el pleno de Diputados otorga el acuerdo, el Poder Ejecutivo decretará la intervención y designará al interventor dentro del plazo de quince días. La reglamentación dispone que el interventor deberá ser graduado en Derecho o en Ciencias Económicas, Administrativas o Contables y reunir los mismos requisitos exigidos para acceder al cargo intervenido, salvo el de la residencia, y es personalmente responsable de los actos realizados en el cumplimiento de sus funciones.
Mientras dure la intervención, en este caso si se aprueba, McLeod quedará suspendida en sus funciones.
Una de las funciones del interventor será implementar mecanismos para aclarar los hechos que motivaron la intervención. Podrá solicitar el concurso de la Contraloría.
