22 ago 2026

Concejal Pío Ramírez denuncia persecución tras intervención de la SEAM

El político y empresario Agustín Pío Ramírez denunció que las intervenciones realizadas la semana pasada por la SEAM en sus propiedades de Curuguaty, fueron en represalia a sus constantes críticas y cuestionamientos hacia la diputada María Cristina Villalba y el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria Duarte.

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El político muestra un pabellón construido como reparación por daño ambiental. | Foto: Elías Cabral.

Elías Cabral | Canindeyú

El edil refirió que en el año 2007 se produjo una gran quemazón que arrasó gran parte del área boscosa afectando su propiedad ubicada entre las localidades de Maracaná y Huber Duré, específicamente en la comunidad de Nueva Durango. “Nuestro error fue echar semilla sobre la zona quemada, pero nosotros no hemos propiciado la deforestación”, indicó.

Ramírez refirió que, en el mismo año, la quema se produjo en gran parte del país y que en esa época Julio Colmán era su adversario político y lo denunciaba constantemente hasta el punto que su propiedad fue intervenida por los fiscales del Medio Ambiente y tuvo que construir una escuela para resarcir el daño.

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La Seam constato desmonte de 550 hectáreas en propiedad del político colorado. | Foto: Elías Cabral.

En ese sentido, el político recordó que cumplió el ordenamiento judicial construyendo un pabellón en la Escuela 1° de Marzo del barrio San Isidro lado Este, del distrito de Curuguaty.

Pío Ramírez aseguró que la intervención no corresponde porque se vuelve a repetir el procedimiento por una cosa ya juzgada. Señaló que es, simplemente, una cuestión política emprendida por el gobernador Alfonso Noria y la diputada Cristina Villalba, en represalia por los constantes cuestionamientos a las gestiones de ambos. Los dos pertenecen a la misma línea política.

“Se sabe cuántas estancias hay por esta zona y, justamente a mí, me envían la orden de allanamiento. Cuántas comunidades indígenas, el Aché por ejemplo, cuántas hectáreas de deforestación tiene, y nunca fueron intervenidas”, reflexionó.

El empresario y actual concejal municipal de Curuguaty finalmente dijo que todo esto “es parte de la farra”, aludiendo que se trata de una persecución política; con relación a la elevada multa por la deforestación que actualmente aplica la SEAM, se limitó a decir que no se puede aplicar sanciones por algo ya juzgado.

La semana pasada una comitiva interinstitucional encabezada por el fiscal Cristian Roig, con orden de allanamiento en mano, constató el desmonte de unas 150 hectáreas en la estancia la Fortuna y otras 450 hectáreas en la estancia Porvenir, ambas propiedades del concejal Ramírez. La SEAM anunció una fuerte multa.

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