La defensa de Ramón Mario González Daher planteó una aclaratoria en contra del fallo del pasado viernes que decretó el arresto domiciliario e impuso una fianza real de G. 250 millones en la causa por presunta denuncia falsa.
Con ello, hasta tanto los camaristas de feria no resuelvan el pedido de aclaratoria que hizo el abogado Mario Elizeche Baudo, en representación del empresario luqueño, no se cumplirá la medida cautelar impuesta.
En este caso, con voto dividido, los camaristas Elodia Almirón, María Eugenia Giménez y Ramón Martínez Caimén revocaron la resolución del juez Enrique Sanabria del pasado 14 de enero que dio libertad a RGD y fianza real de G. 100 millones.
El voto en mayoría impuso el arresto domiciliario, prohibición de comunicarse con el denunciante, no cambiar de domicilio, más la fianza real de G. 250 millones a ser depositados en una cuenta del Banco Nacional de Fomento.
En su aclaratoria, la defensa sostiene que la resolución es ambigua, que existe una doble imposición de medidas cautelares, que se contraponen, conforme sostiene, en este caso por el arresto domiciliario y la caución real.
Además, indica que la magistrada Elodia Almirón habla de hechos de público conocimiento, cuando que en derecho se deben probar o por lo menos citar.
Solicita aclarar estos puntos por parte del Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala de feria de la ciudad de San Lorenzo, que fue el que resolvió la cuestión.
Hay que señalar que la aclaratoria, según el Código Procesal Penal, solo puede ser utilizada para aclarar puntos oscuros u omisiones en la resolución, de forma, pero no puede alterar lo resuelto por los camaristas.
Mientras no se dicte una resolución en lo que respecta a la aclaratoria, no podrá remitirse el expediente a la jueza Jennifer Insfrán, quien tiene a su cargo el caso de Ramón González Daher.
En este caso, el Juzgado de Garantías deberá hacer efectiva la resolución, pero el expediente aún sigue en el Tribunal de Apelación por la aclaratoria presentada.
DENUNCIA. La denuncia contra RGD por Salvador Dionisio Aquino fue hecha el 18 de agosto del 2020. El 28 de agosto de ese año, se le asignó el caso a la fiscala Sandra Ledesma.
La agente comunicó el inicio de la pesquisa el 1 de setiembre del 2020. El 8 de ese mes, se cita al denunciante. La imputación se hizo 15 meses después, el 30 de diciembre del 2021, donde ordena la detención y captura.
El 13 de enero, la fiscala pide orden de allanamiento, y recién el 14 d enero se recibe el pedido de notificación del acta de imputación.
