En la propuesta se condiciona el déficit fiscal por año con la implementación de una serie de iniciativas.
Lleva las firmas de Stephan Rasmussen, Fidel Zavala y Georgia Arrúa, de Patria Querida; los cartistas Sergio Godoy y Arnaldo Franco; los liberales Blas Llano y Amado Florentín, y Patrick Kemper, de Hagamos. Aparentemente el abdismo no acompaña.
El proyecto requiere implementar algunas reformas en la Ley de la Función Pública, Contrataciones Públicas, Plan de Eliminación de la Pobreza y el fondeo al Fonaress (Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud).
Además, está en la lista la polémica creación de una Superintendencia de Jubilaciones, así como la autonomía de la Caja del Ministerio de Hacienda y la reestructuración de la administración pública.
Otro requisito que aparece en la propuesta legislativa es un nuevo estatuto docente basado en la capacitación y en la meritocracia.
Por último, se plantea una reforma del sistema de salud a un sistema integrado entre el sistema público, el IPS (Instituto de Previsión Social) y los prestadores privados.
LAS CIFRAS. Con referencia a la iniciativa, se destaca que tiene como premisa inicial establecer un límite al déficit fiscal anual ejecutado de la Administración Central, incluidas las transferencias, respetando la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente hasta un máximo del 3% del PIB (producto interno bruto), estimado para el 2021, y un 1,5% para el 2022 y 2023.
El proyecto de ley otorga la posibilidad de que el límite fiscal anual podrá ser hasta el 4% del PIB estimado para el próximo año.
En cuanto al 2022, se estipula hasta el 2,5%, mientras que en el 2023, hasta el 2%, y se agrega como condicionamiento la aprobación de varias iniciativas legislativas mencionadas más arriba.