28 mar. 2024

Con nueva chicana buscan evitar juicio en caso Imedic

Maniobra. Defensa de Patricia Ferreira busca anular juicio.

Maniobra. Defensa de Patricia Ferreira busca anular juicio.

La defensa de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de la firma Imedic SA, apeló ayer la resolución de la jueza Clara Ruiz Díaz, quien elevó a juicio la causa sobre el ingreso de medicamentos oncológicos con facturas y documentos falsos. En ese sentido, se solicitó al “tribunal que disponga directamente el sobreseimiento definitivo” de ambas encausadas. La acción fue promovida por el abogado Enrique Kronawetter, en representación de Ferreira.

El pasado 3 de setiembre, la jueza Ruiz Díaz elevó el caso a juicio oral y público, pero primeramente rechazó el pedido de nulidad de la acusación y de sobreseimiento definitivo, que la defensa de la acusada había promovido.

Ahora, el abogado de Ferreira nuevamente busca que el caso no llegue a juicio oral, alegando que en aquella ocasión, el Juzgado Penal de Garantías no ejerció con el debido control jurisdiccional, según lo establecido en el artículo 282 del CPP. Esto, teniendo en cuenta que la jueza Ruiz Díaz no excluyó como evidencias unos documentos que fueron presentados por el Ministerio Público en su acusación y que están escritos en el idioma portugués, cuyas traducciones se realizaron de manera “unilateral”.

El documento indica que “la pericia debió ser ordenada por el Ministerio Público durante la etapa preparatoria, debiéndose nombrar a un traductor. Luego se debía notificar a las partes, para que cada una de ellas designen un traductor. Posteriormente, todos los traductores designados debían aceptar el cargo y prestar juramento y, finalmente, debían presentar la traducción”.

Sin embargo, “nada de esto ocurrió”, indica. Por ello, se solicitó la exclusión de dichos elementos probatorios presentados por la Fiscalía, pero el Juzgado no se promulgó al respecto, por lo que evidencia “que el fallo fue infundado” y solicitan la nulidad del caso.

Ferreira, Godoy y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez están acusados por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, por haber falsificado facturas de la firma Eurofarma.

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