Esta falla hizo que en total se hayan presentado 24 acciones de inconstitucionalidad, a las que la Corte les otorgó, en algunos casos, medidas cautelares y, en otros, sentencias definitivas. Estos fueron los bloqueos para aplicar la ley que hicieron que haya habido muchos desórdenes en las contrataciones del funcionariado.
Con el nuevo proyecto que está en el Congreso se corrige el alcance, es decir, se cubre a todos los poderes del Estado, indicó Picaso, explicando que se aseguran de definir la autoridad de aplicación para salvaguardar las atribuciones constitucionales de los poderes del Estado.
“En la nueva ley ya se define eso, la parte general de principios rectores para todas las instituciones públicas. Pero el ámbito, o la autoridad que aplique, debe respetar la autonomía constitucional para que las instituciones no accionen”, expresó a NPY.
La directora señaló que actualmente no hay ley de la carrera del servicio civil que pueda definir su trayectoria, su jubilación, entre otros, lo que corrigen en la nueva ley. También se aseguran con este proyecto que se priorice la meritocracia y el concurso como único camino de entrada a la función pública y el servicio civil. Finalmente, se enfoca en la igualdad de oportunidades, apuntó.
La Corte. Una nueva ley de la función pública y la carrera del servicio civil es necesaria, coinciden tanto colorados como opositores, pero estos últimos advierten que no será posible su aplicación si la Corte Suprema de Justicia no colabora.
Para la oposición, la ley de la función pública no puede ser aplicada porque una gran cantidad de instituciones presenta una acción de inconstitucionalidad, que luego es otorgada por la Corte, y termina utilizándose un mecanismo interno, desde la creación de la normativa, en el año 2000.
La senadora Kattya González manifestó que la ley 1626 (de la actual función pública) ya habla de un concurso público obligatorio y establece el mecanismo de expulsión de funcionarios deshonestos, pero no se aplica porque el Poder Judicial no colabora hace 23 años. “La ley no es el problema, sino la voluntad política”, subrayó.
El nuevo proyecto de ley del servicio civil tiene 156 artículos y fue presentado por el gobierno anterior. Santiago Peña lo volvió a impulsar, pero añadiendo modificaciones presentadas por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.
Tanto Peña como los referentes de su gobierno sostienen que la normativa sería la solución a los problemas de nepotismo.
