En el primer caso, la ministra Carolina Llanes señaló en el Departamento de Canindeyú, la Fiscalía investiga la sustracción de evidencias de la bóveda del Departamento de Evidencias del Ministerio Público.
Esto a raíz de la falsificación de resoluciones y oficios judiciales digitales, con las supuestas firmas de magistrados y actuarios judiciales. Explicó que con estos documentos apócrifos, se retiraron bienes que estaban en el establecimiento.
Llanes afirmó que estas firmas fueron falsificadas de magistrados de Ejecución y de Garantías de Canindeyú, específicamente de Salto del Guairá y de Katueté.
Además, señaló que ya los agentes fiscales abrieron la investigación pertinente y que luego de que los jueces hayan presentado sus respectivas denuncias.
ACTUARIA. Por otro lado, el ministro Eugenio Jiménez informó que la actuaria judicial, Susana Anahí Ayala Lima, del juzgado penal de Sentencia 5, de Luque, también denunció que falsificaron su firma.
En este caso, dijo el ministro, el documento apócrifo fue un oficio judicial con el que trataron de liberar a cinco personas que se encontraban recluidas por casos relacionados con crimen organizado.
A raíz de esto, la secretaria judicial denunció el hecho ante el Ministerio Público, por lo que el fiscal se constituyó en el Juzgado, para la investigación pertinente.
El ministro Jiménez aclaró que se había difundido que se allanó el Juzgado, cuando que en realidad, se constituyeron en el lugar a raíz de la denuncia de la funcionaria.
Las denuncias fueron presentadas al pleno para poner a conocimiento de los demás ministros, y también de la ciudadanía, que sigue las sesiones.
La cuestión es grave ya que, pese a que, supuestamente, con las firmas digitales, no se podrían falsificar las resoluciones, algo que era común en otros tiempos, ahora de nuevo ocurre.
Recordemos que la Fiscalía había imputado a varias personas, entre ellas, funcionarios judiciales, que habían falsificado resoluciones judiciales, incluso, con una página web armada para confirmar los fallos.
Ese fue uno de los primeros casos denunciados ya con el sistema de expediente digital, con firmas electrónicas de los magistrados y actuarios.
