Con el cambio de postura de siete liberales que se allanaron al mandato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que advirtió una amonestación, la oposición actuó unida, excepto Ortiz. Por su parte, Ramón Romero Roa, de Colorado Añetete, fue el único oficialista que votó a favor de la revocatoria, que estaba fundamentada en la defensa del artículo 191 de la Constitución Nacional, que protege las opiniones de los parlamentarios.
En tanto que los colorados se basaron en el 190, que sanciona la inconducta. Pero en defensa de este artículo, se dieron expresiones burdas como la de Colym Soroka, de Colorado Añetete, que manifestó su gusto por las peleas a golpes, o la de Cristina Villalba, de Honor Colorado, que ironizó que será tapa de diarios.
Se dejó en duda si para revocar la resolución se necesitaba una mayoría de dos tercios (que fue la que prosperó) o solo mayoría simple, como sostuvieron Kattya González y Celso Kennedy.
El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, mostró documentos sobre una deuda que tiene el PLRA con Amarilla, de G. 920 millones, y puso en duda de que se trate de dinero limpio. Aseguró que por este motivo, la diputada tiene interés en que se pague el subsidio a partidos.
Incoherencia. Por su parte, la diputada del PPQ, Rocío Vallejo, pidió a Núñez que, si tuviera algo contra Amarilla o contra el intendente esteño Miguel Prieto, radique una denuncia, haciendo alusión a la incoherencia en el discurso del cartista. También se refirió a la indignación colorada. “Todos podíamos sentirnos aludidos con lo que dijo Celeste, pero a mí me resbaló”, remató.
Édgar Acosta, Kattya González y Carlos Silva defendieron la inmunidad de opinión y la libre expresión, a la que, denunciaron, se le puso una mordaza, con una sanción inconstitucional y un acto peligroso de una mayoría coyuntural. Indicaron que se intenta acallar voces en torno al financiamiento político.
Sebastián Villarejo pidió a Pedro Alliana que actúe como presidente de Diputados y no del Partido Colorado.
Derlis Maidana dijo que en reiteradas ocasiones se pidió a Amarilla que denuncie pero nunca lo hizo, y que existe antecedentes de sanción en el Senado. Jazmín Narváez, líder de Añetete, reconoció que la sanción a un legislador por sus dichos es una herramienta peligrosa pero que Amarilla incurrió en una inconducta.
