La Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) presentaron los resultados de la campaña 2021-2022, medida con un sistema de teledetección satelital. Se trata de estimaciones finales luego de monitoreos que venían advirtiendo sobre una pérdida importante en la disponibilidad de granos.
Por hectárea apenas se cosecharon 979 kilos, cuando el promedio de años anteriores supera los 2.000 kilos. En total se perdieron más de 7 millones de toneladas, que representan entre USD 2.600 y 2.800 millones que dejarán de ingresar al país a raíz de la falta de granos de exportación.
“Es una campaña para el olvido. Son números muy fuertes que van a tener su impacto en toda la cadena de valor de la agricultura y de servicios”, advirtió el titular de la UGP, Héctor Cristaldo, sobre el impacto en los servicios de flete, en la industria y otros que dependen del sector.
Explicó que el productor destinó entre USD 700 y 780 por hectárea para la producción de soja y que necesitaba lograr al menos 1.500 kilos por hectárea para cubrir los costos, pero grande fue la brecha negativa.
El peor comportamiento se observó en la soja tardía con un rendimiento de apenas 650 kilos, le sigue la de medio ciclo con 850 kilos y la tempranera con 1.270 kilos por hectárea y un total de 1,6 millones de toneladas, que amortiguó la caída del promedio final.
Otros efectos. A la serie de impactos se suman los contratos incumplidos con las ventas anticipadas, que se traducen en pérdidas adicionales de hasta USD 400 millones para el sector, teniendo en cuenta que los clientes penalizan económicamente cuando los comercializadores no entregan la carga prometida.
Cristaldo reconoció que al menos hubo flexibilización de parte de los compradores al recibir granos de pésima calidad.
“Es un año de mucha prudencia y de recapitular muchas cosas, de ver qué hace falta para ir adaptándonos, porque esto era impensable”, señaló el representante del gremio de productores.
Se refirió a la necesidad de adoptar políticas públicas, entre ellas la implementación de un sistema de regadío que permita garantizar el buen desempeño de un área importante de siembra golpeada por la sequía.
Piden medidas complementarias
La deuda del sector agrícola asciende a unos USD 3.200 millones y la preocupación latente es honrar estos compromisos, a pesar de la flexibilización del Banco Central del Paraguay que permite acceder a refinanciaciones sin ser castigado en la calificación de riesgo.
Si bien la UGP destaca esta medida, urge que se libere el encaje legal en dólares de manera a que los bancos privados dispongan de más recursos para líneas de crédito de capital operativo para financiar la campaña 2022-2023, atendiendo a que la esperanza de recuperación se respalda en el siguiente ciclo.
Otra medida complementaria que solicita el sector es la suspensión de pago de anticipo del Impuesto a la Renta Empresarial para todos los productores en general. Actualmente Tributación dispuso la flexibilización para quienes demuestren sus pérdidas.