La Municipalidad de Asunción presentó días atrás un recurso de aclaratoria y otro de apelación contra la sentencia que ordena que en 10 días hábiles informe sobre gastos realizados por Covid-19, desde marzo a diciembre del 2020, durante la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez.
La jueza Marcela Fernández había dado lugar al pedido de amparo constitucional sobre acceso a la información pública, promovido por la candidata a intendenta por la alianza Asunción para Todos, Johana Ortega, para conocer el destino de cerca de G. 21.000 millones. La resolución se emitió el 13 de setiembre.
Se solicita a la Comuna capitalina presentar los detalles de gastos, los contratos celebrados con empresas, facturas y copias de cheques abonados durante ese periodo.
“Ellos (por representantes de la Comuna) volvieron a insistir en que la información que hice lugar que se entregue no es pública. Es lo que ya contestaron en el amparo, pero tienen su derecho de apelar y hasta la última instancia agotar”, comentó Fernández.
La magistrada indicó que el juzgado ya resolvió el recurso de aclaratoria. En tanto, que el traslado de la apelación se dispuso que sea por cédula y la Municipalidad aún no notificó a Ortega, lo que dilata el proceso. Una vez concretada la notificación se tienen 48 horas para contestar la apelación. Estimó que en estos días se estaría notificando y para la próxima semana se emitiría a la cámara de apelación que en tres días debe resolver si se mantiene o no la sentencia para brindar información.
ARGUMENTO. En el pedido de revocación de la sentencia el representante convencional del Municipio, Jorge Rivas Careaga, describe que la información peticionada solo en parte es información pública.
“No constituyen información pública, sino reservada el pedido de los documentos respaldatorios requeridos por la Municipalidad para la contratación de las empresas adjudicadas, que demuestren idoneidad y solvencia; la copia de las facturas de dichas empresas y la de cheques o cualquier instrumento de pago utilizado para el pago de los servicios o insumos proveídos”.
Ortega consideró que ya hay jurisprudencia suficiente para brindar estas informaciones por ley. La candidata ya había solicitado un informe a la Comuna, pero en la respuesta del ahora intendente César Ojeda (ANR), se insinuó que el pedido tiene un trasfondo político y no se brindó la información requerida.
PRESUPUESTO. En la Junta Municipal se dilata el tratamiento de pedido de ampliación presupuestaria por G. 4.500 millones en nombre de la emergencia por pandemia, a poco tiempo de las elecciones. Los ediles opositores cuestionan, además de la falta de suficiente información, la serie de estrategias de oficialistas para evitar el tratamiento y lograr sanción ficta.
