Se trata de los asociados al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramucde). La resolución en cuestión, de fecha 22 de noviembre, dispone “la reincorporación de funcionarios al cuadro del personal, en cumplimiento de los fallos judiciales existentes que han favorecido a los mismos”.
Según explicó ayer a la prensa, esta resolución es ilegal porque muchos de los 357 funcionarios reincorporados no tenían reclamo judicial y otros tenían el juicio laboral caducado. Sí hay un grupo de 249 que tienen juicio con sentencias firmes y ejecutoriadas, las cuales sí son reconocidas por la institución.
Afirmó que, de hecho, hay un grupo que ya llegó a un acuerdo con la institución durante la administración de la interventora Carolina Llanes y se le está pagando lo que le corresponde en derecho de acuerdo con un plan de pago. Todos fueron destituidos de la Municipalidad en el año 2001 de manera ilegal y desde entonces iniciaron un juicio para ser reincorporados, ganando en todas las instancias. “Con esto estamos ahorrando unos 20 millones de dólares a los contribuyentes. Este perjuicio lo dejó el clan Zacarías. Pudieron solucionarlo en cualquier momento e iba a ser mucho menos la deuda; sentarse a hacer un plan de pagos, reconocer que se despidió a muchas personas del cuadro permanente, pero no lo hicieron”.
Explicó que de los 157.000 millones de guaraníes reclamos por los despedidos, con el trabajo de la Asesoría Jurídica se redujo a 19.000 millones de guaraníes, que “sigue siendo mucho, pero por lo menos lo estamos reduciendo”. Adelantó que en el salón auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Este (UNE) presentará una rendición de cuentas, donde dará detalles de la deuda que encontró al ingresar a la institución municipal y cómo se encuentra actualmente, tras la serie de acciones que adoptó.
CADUCÓ EN EL 2015. En tanto, el abogado Ricardo Romero Fatecha, asesor jurídico de la Comuna, explicó que al analizar la Resolución 6840 encontraron que 357 personas fueron incluidas en ella, de las cuales 107 forman parte del juicio “Demetrio Rojas y otras”. “Fue declarado su caducidad, fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia ya en el 2015. O sea, cuando se hizo el acuerdo las partes ya sabían de esa caducidad y ellos omitieron eso”. Refirió que hay otras 33 personas que están en el juicio de Miguel Cabañas y otros, mientras que 49 personas no promovieron demanda alguna contra la institución, pero fueron incluidas dentro de la ahora anulada resolución. “Es decir, 62 personas nunca debieron ser incluidas. Haciendo un análisis en todos los juicios, tenemos una deuda en el juicio Christian Vera, por G.. 19.000 millones”.
