Quintana se halla preso y procesado por tráfico de drogas en grado de complicidad, mientras que Miguel Cuevas está preso y procesado por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y declaración falsa. Rivas, por su parte, está acusado por los supuestos hechos de estafa y cobro indebido de honorarios, en el marco de la causa conocida como caseros de oro, que reveló, tras una investigación de ÚH, que tres empleados particulares del diputado figuraban como funcionarios de la Cámara Baja cobrando salarios sin trabajar. Hasta ahora, con chicanas ha evitado ir a prisión.
La Cámara de Diputados debe resolver principalmente en forma más inmediata los pedidos de pérdida de investidura de Quintana y Rivas, ya que al encontrarse en prisión no pueden ejercer sus funciones como legisladores. En el caso de Quintana se había aplicado un discutible criterio de concederle “permiso para ir a prisión”, pero que resulta difícil de sostener jurídicamente.
En todo esto proceso, se nota que los dos principales movimientos del Partido Colorado, con aliados de un sector del Partido Liberal, que responde al actual presidente del Congreso, senador Blas Llano, vienen manteniendo un acuerdo para proteger políticamente a los principales legisladores acusados de corrupción; en algunos casos, tratando de evitar que pierdan sus fueros para someterse a la Justicia, y cuando eso ya no resulta posible, al menos evitar que pierdan su investidura.
En esa situación, además de los mencionados Quintana, Cuevas y Rivas, también se mantiene protegido desde hace tiempo al diputado liberal Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado. En el Senado, el caso más emblemático es el del senador esteño Javier Zacarías Irún, del sector colorado cartista, jefe político de un clan familiar que mantuvo el poder en el Municipio de Ciudad del Este durante casi 17 años, y por menos tiempo en la Gobernación del Alto Paraná, además de manejar con influencias a la mayoría de las instituciones estatales en la región, incluyendo a la Justicia y a la Policía. El mismo está acusado por la Fiscalía por declaración falsa y lesión de confianza, a la espera de su juicio oral y público, que ha logrado evitar hasta ahora con interminables chicanas. Aunque ha sido desaforado, se mantiene en su función con fuertes influencias y respaldos.
La abierta complicidad de la clase política sigue impidiendo que estos legisladores procesados o investigados por presuntos hechos de corrupción sean privados de sus investiduras para rendir cuentas ante la Justicia, sin presiones ni favoritismos. Sus pares, temerosos de sentar precedentes que los puedan poner en situaciones parecidas, los siguen amparando y protegiendo, dando ante la ciudadanía la imagen de ser también cómplices de los delitos que se les atribuyen a sus colegas.
