Hasta un niño de corta edad los podría diferenciar perfectamente, pero al parecer los inspectores de la aduana de Ciudad de Este o del aeropuerto Guaraní en Minga Guazú, Alto Paraná, se confunden muy fácilmente.
Un cartucho estándar de tóner para impresora es pequeño y casi cuadrado, mide menos de cinco centímetros de largo, por cuatro de ancho y tres de grosor. Se vende en el mercado local a precios de entre 30 y 60.000 guaraníes. En cambio, un teléfono celular de alta gama es rectangular y fino, mide cerca de 16 cm de alto por siete de ancho y menos de 1 cm de grosor, con precios que pueden llegar fácilmente a más de ocho millones de guaraníes.
Son dos productos de tamaños, estilos y funciones muy distintas, que se pueden comprobar con solo echarles una mirada. No es posible hablar con otra persona a distancia ni captar fotos o videos con un cartucho de tóner, como tampoco se puede proveer tinta para impresiones en papel con un teléfono celular.
Todo ello no ha impedido que, durante tantos años, los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) del Paraguay hayan estado dejando pasar enormes cargamentos de teléfonos celulares de alta gama, registrándolos como si fueran cartuchos de tóner para impresoras, con el costo ínfimo atribuido al segundo producto, permitiendo de este modo evadir millones de dólares, tal como lo confirma el reciente polémico informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre lavado de dinero en nuestro país, coincidentemente dado a conocer en momentos en que expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) toman examen a las autoridades paraguayas.
VIEJO ESQUEMA. El documento de la Ofac se refiere, además de otras dos personas, a la empresaria Liz Paola Doldán González, propietaria y CEO de la conocida empresa de electrónica Mobile Zone, afincada en Ciudad de Este, pero podría referirse igual a muchos otros empresarios del sector, a quienes se involucra en un esquema de corrupción que viene desde la época de la dictadura stronista, cuando se instaló el modelo comercial fronterizo no oficial de gran duty free (zona libre de impuestos o de productos con bajos precios) en la capital del Alto Paraná y la Triple Frontera.
El reciente informe norteamericano sostiene que Doldán utilizó su empresa con sede en Paraguay, Mobile Zone International Import-Export SRL, “para comprar bienes de una empresa con sede en Miami, Florida, que posteriormente enviaría estos bienes a varias empresas pantalla en Paraguay”.
“Como las mercancías ingresarían al país con destino a estas empresas fantasmas, la Aduana de Paraguay identificaría los teléfonos celulares como mercancías más económicas, como impresoras y tóner de impresora, para simular la importación de artículos de menor costo, práctica que permitiría pagar a Mobile Zone menos impuestos sobre las importaciones. Según informes de prensa, este esquema generó al menos 675 millones de dólares”, alega el documento, que explica por qué Doldán, al igual que otros presuntos socios y cómplices de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi y Khalil Ahmad Hijazi, fueron sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por “sus roles en la corrupción en Paraguay”. El primero fue detenido hace unos días y guarda reclusión en la Agrupación Especializada.
NADA NUEVO. El esquema de corrupción, detalladamente descrito en el informe norteamericano, es ampliamente conocido y ha sido varias veces denunciado en reportajes de investigaciones periodísticas de la prensa paraguaya, sin que hasta ahora las autoridades hayan decidido ponerle fin.
“Cerca de dos millones de teléfonos celulares ingresan en forma mensual de China a Ciudad del Este. Importadores sostienen que una ‘mafia extorsiva’ les pide ‘peaje’ de 1 dólar por pieza. Se habla de piratería, subfacturación y corrupción de funcionarios”, relatábamos en un reportaje publicado en Última Hora el 21 de febrero de 2010, con el título “Guerra de los celulares revela la continuidad de mafias en CDE”, que en su momento tuvo mucho impacto en la opinión pública, pero nula reacción de la Justicia.
Con el paso de los años y sucesivos gobiernos, la situación no ha cambiado mucho. “Contrabando de ‘alto vuelo’ continúa en el aeropuerto Guaraní” reportaba el 12 de setiembre del año 2019 el medio regional Ahora CDE, describiendo cómo funciona el esquema.
“El sistema es simple y bien conocido. Se cambian las partidas arancelarias. O sea, se declara que se trae un producto, pero se hace ingresar otro. Como ejemplo se puede mencionar que declaran traer celulares convencionales cuyo valor es de 10 a 15 dólares, pero en realidad meten al país smartphones (celulares inteligentes), cuyos costos pueden llegar a 800 dólares, o más. La diferencia es abismal, al igual que el monto que se deja de abonar al Fisco. Sin duda, es un contrabando de alto vuelo”, indicaba.
Anticipándose en casi dos años al informe norteamericano, el medio esteño agregaba: “En otro caso declaran impresoras o tóner que no pasan de 40 dólares, pero meten electrónicos o aparatos de juegos electrónicos, cuyos costos superan los 500 dólares. Son solo ejemplos para explicar cómo funciona el esquema de contrabando en el aeropuerto Guaraní”.