Hoy, en todo el mundo, ese cuadrante está ocupado primordialmente por dos temas: Control de la pandemia, y la reactivación económica.
En gran medida, estos dos objetivos se contraponen: restricciones duras para evitar contagios golpean fuertemente a las economías, con cierre de empresas, pérdidas de empleos y caída de la producción. La liberalización de las restricciones para impulsar la actividad económica acelera los contagios y las fatalidades, en muchos casos obligando a los gobiernos a retroceder y reimponer severas medidas de confinamiento y cierre de sectores económicos. Esto está ocurriendo hoy en los mayores países europeos, en medio de protestas y manifestaciones populares.
Nuestro Gobierno ha encarado frontalmente el desafío de paliar los efectos de la pandemia, tomando créditos internos y externos para financiar obras públicas y distribución de fondos de auxilio a trabajadores formales e informales, pero no es una política sostenible en el tiempo e impone una pesada carga de servicio de esa deuda que reducirá los recursos disponibles para inversiones en el futuro.
En este escenario, el segundo objetivo del cuadrante de Eisenhower, la reactivación económica, adquiere particular relevancia.
Se ha mencionado repetidamente en estas páginas el gran efecto multiplicador y distributivo que tiene la inversión en la construcción de viviendas, y el Gobierno ha tomado medidas para apuntalar el sector, obteniendo créditos y donaciones para construir viviendas sociales, flexibilizando las normas para la constitución de reservas bancarias y facilitando el aprovechamiento de fondos disponibles de la AFD para créditos hipotecarios. Sin embargo, persiste una gran demanda insatisfecha de viviendas, estimada en más de 100.000 unidades habitacionales, que se incrementa cada año con la formación de nuevas familias.
Por otro lado, en los meses de pandemia se ha observado un significativo aumento de la liquidez bancaria, hoy alrededor de 42% de sus depósitos, equivalente a unos 6.500 millones de dólares. Solo el 10% de este monto permitiría financiar unas 15.000 viviendas de clase media, dando empleo a más de 200.000 trabajadores de la construcción.
Una de las principales barreras que se interponen entre esa gran abundancia de recursos disponibles, por un lado, y la apremiante necesidad de viviendas, por el otro, es la elevada tasa de interés de los préstamos hipotecarios, que se traduce en cuotas inaccesibles para muchas jóvenes familias en sus primeros años de actividad laboral.
El Gobierno tiene previsto realizar importantes inversiones en la construcción de viviendas sociales. Y esa inversión es indispensable para facilitar el acceso a una vivienda digna a los sectores más vulnerables de la población. Existe, sin embargo, una gran oportunidad desaprovechada para multiplicar el impacto económico de recursos destinados a la vivienda.
En la medida que se destinen recursos para la reactivación, una acotada contribución estatal a la tasa de interés para viviendas económicas reducirá la cuota mensual de los préstamos hipotecarios, volviéndolos más accesibles a familias de medios y bajos ingresos, y apalancará múltiples veces su valor anual en recursos del sector bancario destinados a la vivienda, creando miles de nuevos empleos formales y dando la oportunidad a innumerables familias para ver crecer a sus hijos en un entorno decente y seguro.