El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín comenzó en esta jornada el juicio por esta megacausa que unifica otras dos: una, con 127 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, y tres homicidios en el ámbito del denominado circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense; la otra, por privaciones ilegítimas de la libertad de tres personas.
Ese circuito comprendía los centros clandestinos de detención de RIBA (Regional de Inteligencia de Buenos Aires), Mansión Seré y los que funcionaron en las Comisarías de Moreno, primera de Morón y las Brigadas Aéreas I de Palomar y VII de Morón, entre otros.
Por la primera causa están imputados los ex militares de la Fuerza Aérea Argentina Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston; por la segunda, el ex jefe de Contrainteligencia del mismo cuerpo, Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
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Vázquez Sarmiento, que estuvo prófugo dos décadas hasta su detención en 2021, fue uno de los presos que recibió recientemente la visita de un grupo de legisladores del oficialista La Libertad Avanza (ultraderecha) en medio de una fuerte polémica en el panorama político nacional.
Herrera y Zyska eran primer teniente y cabo primero, respectivamente, de la Brigada Aérea I de Palomar; Lynch, capitán de la Brigada Aérea VIII de Moreno; y Leston, cabo primero de la RIBA.
En la lectura de presentación de los casos, se detalló que en la llamada ‘Subzona 16', que incluía los partidos (circunscripciones) de Morón, Moreno y Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, se replicó “la mecánica de funcionamiento propia del plan de represión instalada por el Gobierno de facto”.
“Los centros clandestinos de detención representaron un enclave fundamental del terror. Más allá de los rasgos particulares de los actores, todos fueron piezas claves en la conformación de un ambiente en sí mismo brutal e inhumano que debía cumplir con una determinada finalidad”, alegó la Fiscalía.
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La presentación hecha por el Ministerio Fiscal señaló que todos los casos incluyeron el “sufrimiento de dos niveles de tormentos”, el traslado de las víctimas a los centros clandestinos de detención y el maltrato físico, mediante el sometimiento a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Según la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, una de las querellantes en la causa, 25 de los casos totales llegan a juicio por primera vez.
La audiencia celebrada este martes tuvo lugar después de varios aplazamientos, según explicó el tribunal integrado por las juezas María Claudia Morgese y Silvina Mayorga y el magistrado Walter Antonio Venditti.
La próxima sesión, en la que comenzarán las declaraciones indagatorias, tendrá lugar el 10 de septiembre.
Fuente: EFE.
