Desde este lunes un tribunal de la sureña provincia de Tierra del Fuego juzgará por el delito de trata de personas agravado a Pedro Eduardo Montoya y Claudia Ivana García, el matrimonio propietario del local nocturno “Sheik” -ubicado en Ushuaia, la capital fueguina- y Lucy Alberca Campos, la encargada del lugar en el que supuestamente se explotó sexualmente a mujeres durante años.
Según reveló el Centro de Información Judicial (CIJ), la fiscalía considera a siete personas como víctimas de los hechos, una de las cuales, Alika Kinán, se constituyó como parte querellante en 2013 y ejerce ahora la acción civil.
Todo comenzó en 2012, cuando una de las mujeres que trabajaba en el local se escapó y la Policía la liberó a ella y a otras seis compañeras entre las que se encontraba Kinán, quien fue víctima de explotación sexual durante 20 años.
“Va a ser un antecedente importante porque tiene una característica: es la primera vez que la víctima de explotación es querellante y se verá el papel que toma el Estado a la hora de juzgar el delito”, apunta en declaraciones a Efe Juliana Cabrera, del Partido Obrero, formación integrada en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que acompañó a Kinán durante el proceso.
Para Cabrera falta que se sienten en el banquillo “los responsables políticos de fondo” que convivieron con el delito y facilitaron el desarrollo de “redes perversas” que tratan a la mujer como “mercancía”.
La querellante no solo acusó a sus captores y a los proxenetas del local, sino también al propio Estado, sin cuya participación “estos delitos no podrían funcionar”, apunta Cabrera.
En ese sentido, Kinán, que con su causa se ha convertido en una activista contra la explotación de “cientos de miles” de mujeres en el país, denunció la actitud de hospitales públicos y clínicas privadas que les realizaban exámenes psicofísicos y la de las autoridades policiales, tanto provinciales como estatales, que no intervinieron.
Según Cabrera, mediante estos exámenes y la entrega de “libretas sanitarias” a las mujeres, se busca dar “garantías” a quienes consumen prostitución de que “no van a contagiarse con una enfermedad de transmisión sexual”.
Asimismo, critica que el Estado tampoco ofreció una defensa jurídica, una vivienda ni la reinserción laboral de las víctimas, por lo que estas quedaron abandonadas y, de esa forma, con posibilidades de volver a caer en redes de trata.
“Se supone que es un delito la explotación de personas y ocurre en todo el país. Todos lo vemos, también quienes deberían desmantelarlo” pero hay implementado un “régimen de coimas” que logra que “todo el mundo mire para un costado”, asegura.
Cabrera destaca la “fortaleza” de Kinán, quien hace dos décadas fue engañada en su natal provincia de Córdoba (centro) con falsas ofertas laborales y un billete de avión que la llevó a caer en las manos de una red de explotación en la ciudad más austral del país.
Sin embargo, finalmente logró asimilar su experiencia “no solamente como víctima” sino también como una “activista muy importante” en la lucha de los derechos de las mujeres y contra la trata, que supone la “humillación más extrema” de una persona, cuenta Cabrera.
Este viernes organizaciones políticas y de derechos humanos se concentrarán frente a los juzgados donde se desarrollará el proceso en el que Kinán declarará contra los tres acusados.
Paralelamente, en Buenos Aires, varias asociaciones de mujeres y representantes de la sociedad civil realizarán un acto de apoyo frente a la Casa de Tucumán.
