Esta situación se pone en relieve ante la cercanía de las elecciones municipales, en que los celos del partido de Gobierno hacia estos recursos –calculados en USD 150 millones anuales–, se fortalecieron y lograron acorralarse para que no sean utilizados en fines que no sean de interés del Partido Colorado, que se niega a transparentar los fondos, bajo el argumento de que están regidos por tratados internacionales y no pueden ser intervenidos por una ley.
Sin embargo, en los últimos días se produjeron contradicciones que echaron por tierra sus alegatos. Debido a la crisis sanitaria que deja a las familias sin recursos a causa de los millonarios gastos de los enfermos de Covid, se vieron forzados a aprobar una ley en Diputados que autorizaba financiar medicamentos a través de las binacionales. Posteriormente, el mismo presidente de la República, Mario Abdo, ordenó destinar USD 30 millones de Itaipú y Yacyretá para compra de insumos y remedios.
El Senado, con mayoría opositora, aprobó una ley que destina los gastos socioambientales de las binacionales a Salud, como un intento más de controlar estos recursos, ya que en Diputados fue rechazado un proyecto igual. Ahora la Cámara Baja tiene en sus manos la decisión sobre esta iniciativa. Al parecer, los colorados apostarán por la aprobación con modificaciones.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González manifestó que los gobiernos de la ANR, históricamente, desde la creación de estos fondos por responsabilidad empresarial de Itaipú y Yacyretá, han constituido una fuente de recursos al servicio de la prebenda y la corrupción. “Además de potenciar a candidaturas coloradas destinando sin ningún criterio ciudadano y de bien común el uso del dinero de las binacionales”, criticó.
La legisladora resaltó que la ley que proviene del Senado es más que una forma de aplacar la emergencia sanitaria. “Esta ley desmonta todos y cada uno de los supuestos argumentos tras los cuales se esconde la claque mafiosa para manejar a su antojo y comprar elecciones, sean municipales o generales. No se podían usar esos recursos porque eran inconstitucional, repetían como loros los senadores, diputados y el propio presidente; sin embargo, resulta que sí se pudo.
La parlamentaria señaló que ni Itaipú ni Yacyretá invirtieron nunca en salud ni educación, y solo se aprovecharon de la ausencia del Estado “para convertir las necesidades de la gente en un vil negocio partidario”.
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo indicó que las bancadas coloradas no tendrán de qué sostenerse cuando se trata el proyecto con media sanción. “Ellos se quedaron sin argumentos al aprobar la primera ley. Por otro lado, el mismo presidente por fin se decidió a utilizarlos sin necesidad de ley. En conclusión, no quedan argumentos válidos que ellos puedan anteponer a un rechazo de la última ley aprobada en el Senado”, afirmó.
En el mismo sentido opinó el diputado liberal Sergio Rojas. “El presidente de la República terminó sepultando los argumentos de los parlamentarios de su propio partido, de que estos fondos no se podían usar porque debíamos pedir permiso al Brasil y que violaríamos el Tratado de Itaipú y Yacyretá. Evidentemente que los fondos sin control de estas entidades son los huevos de oro que ni en tiempo de crisis no quieren disponer para una cuestión tan sensible como es la compra de medicamentos para los enfermos del Covid-19, pero hoy no tienen remedio más que aprobar los fondos aprobados en el Senado”, puntualizó.
El liberal Édgar Acosta apuntó que los fondos sociales de las binacionales son muy importantes para el Partido Colorado para sostener las ventajas electorales.
150 millones de dólares es el monto calculado en concepto de gastos socioambientales anuales en binacionales.
