La adjunta en la Defensoría del Pueblo y miembro de la comunidad trans Tamara Núñez del Prado explicó en una entrevista con Efe que, a pesar de que los derechos de la comunidad LGTB se vulneran a menudo, actualmente apuntan a “cambiar la realidad de forma constitucional”.
En mayo de 2016, las personas transexuales y transgénero obtuvieron una gran victoria legislativa con la Ley 807 de Identidad de Género, que posibilita el cambio de nombre y sexo en documentos de identificación.
Según Núñez, los cambios de identidad de género siempre han existido en Bolivia, la diferencia es que antes este proceso era judicial y ahora es un trámite administrativo.
“El primer caso de cambio de identidad de género se dio en 1973 o 1974 con Roberto Benzi, hijo de un amigo íntimo del dictador Hugo Banzer (1971-1978), quien pasó de Roberto a Roberta Benzi”, aseveró.
En casos similares, una persona que quería cambiar su identidad de género se presentaba ante el juez y expresaba su deseo de cambiar de nombre y sexo, cosa que podía lograr presentando un informe psicológico o psiquiátrico, un certificado médico y una foto de su aspecto antes y después.
Ahora, aproximadamente 200 personas tramitaron su cambio de identidad a partir de la Ley 807 y, “pese a algunos problemas de forma se está trabajando en ellos continuamente”, dijo Núñez.
Los antecedentes que visibilizan la homosexualidad en Bolivia se remontan a la Revolución de 1952 y el establecimiento de la etapa “nacionalista” que impulsó la creación de una ciudadanía basada en la “igualdad de condiciones”.
La visibilización de la comunidad trans en el país se dio a la par que el período dictatorial de 1970, opinó.
“Compañeras trans me contaron que había una resolución que las prohibía caminar por la calle de día. Si eran pescadas eran llevadas a centros de reclusión y eran torturadas, violadas y después de unas semanas las volvían a botar a la calle. Así que como había toque de queda sólo se podía salir cuatro horas, de ocho de la noche a doce de la noche”, relató Núñez.
La adjunta defensorial añadió que durante la dictadura de Bánzer se registraron dos casos de transexuales desaparecidas que nunca se resolvieron.
Hace nueve años que el colectivo LGTB está viendo avances legales en forma de leyes y decretos supremos, una dinámica que se intensificó con la Constitución Política de 2009, que establece que el “Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género”.
Cuatro Convenios Internacionales reconocen la libertad en la orientación sexual y la identidad de género, mientras que el Código de las Familias boliviano, instaurado el 2014, reconoce la existencia de “familias diversas”, manifestó Núñez.
La comunidad LGTB, en colaboración con la Defensoría del Pueblo, trabaja en el Acuerdo de Vida en Familia (AVF), un proyecto de ley que pretende establecer un “acuerdo transaccional” entre dos personas del mismo sexo que quieren vivir en familia.
La Constitución establece que el matrimonio es una unión entre un varón y una mujer.
El proyecto AVE fue consensuado con 800 organizaciones LGTB y se debate en Bolivia.
Tras presentar un proyecto similar como iniciativa ciudadana que no fue considerado por el Parlamento, se presentará como iniciativa defensorial a la Asamblea Legislativa en febrero o marzo de 2017.
Nuñez prevé que, de aprobarse el proyecto, habrá una reacción positiva “que reflejará que se está entendiendo nuestra realidad” y otra negativa “de la gente al pensar que esto es un matrimonio o algo anticonstitucional, lo cual no es cierto”.
Respecto a la posible reacción negativa de la Iglesia Católica, la adjunta defensorial expresó que “Bolivia es un país laico, por lo tanto hay que exigir la laicidad del Estado” y sostuvo que las cuestiones relacionadas con la comunidad LGTB deben ser discutidas únicamente con sus miembros.
“Estamos luchando por que las generaciones de ahora no sufran lo que hemos sufrido, por lo cual es importante que las personas se pongan en los zapatos del otro y no nos vean como algo morboso o extraño, sino como seres humanos que tenemos derecho a vivir”, concluyó Núñez.
Valeria Mendizábal
