El Consejo de la Magistratura (CM) no remite todavía al presidente Mario Abdo Benítez la terna de candidatos para la Fiscalía General del Estado. La decisión de integrar la terna fue tomada el pasado lunes, luego de un maratónico proceso para apurar antes de las internas del 18 de diciembre.
Los ternados son Cecilia Pérez (ex ministra de Justicia), Gustavo Santander y Emiliano Rolón. Los preferidos del presidente de la República no quedaron en la terna: Carlos Arregui (ex Seprelad) y Mónica Pérez (ex integrante del Consejo de la Magistratura).
Desde el Consejo de la Magistratura informaron que habrá una sesión el próximo lunes donde se pondrá a consideración el acta anterior en la que fue integrada la terna de candidatos para el cargo de fiscal general del Estado.
“Posteriormente será remitida al Poder Ejecutivo”, señaló el informe oficial.
Sondeo interno. El presidente de la República está haciendo un análisis interno antes de tomar una decisión. Hay sondeos a instancias de la Cámara de Senadores donde necesita lograr la mayoría necesaria para aceptar el candidato que elija el Poder Ejecutivo.
En la Cámara de Senadores hay posturas divididas. Algunos referentes están acompañando la figura de Cecilia Pérez (quien tiene mayor cintura política en las negociaciones que sus compañeros de terna).
Referentes del Frente Guasu se inclinan hacia la figura de Emiliano Rolón, quien también estaría teniendo el respaldo de un sector de la ANR, (vicepresidente Hugo Velázquez).
Factor internas. La intención del presidente de la República y algunos miembros del Consejo de la Magistratura era finiquitar el proceso y enviar al Senado antes de la definición de las internas partidarias.
En tanto que el sector del cartismo siempre estuvo apostando por no apurar el proceso y esperar que se complete luego de los comicios.
La fiscala Sandra Quiñónez completa su mandato en marzo del próximo año. Le quedan tres meses en el cargo luego de haber sido duramente cuestionada por su supuesta protección al ex presidente Horacio Cartes (declarado significativamente corrupto por Estados Unidos) y ser investigado en casos de esquema de contrabando y lavado de dinero, según denuncia realizada por referentes del Ejecutivo.