07 feb. 2025

Ciudadanía y clase política deben vigilar gestión de la Corte

Todos los ministros de la Corte Suprema, excepto Víctor Ríos y el nuevo ministro Gustavo Santander, cuentan con inamovilidad otorgada por la Sala Constitucional, y se mantendrán en el cargo hasta los 75 años, salvo que antes fallezcan, renuncien o sean destituidos por la vía del juicio político. La ciudadanía debería enfocar ahora sus mejores esfuerzos en seguir reclamando una justicia independiente que esté concentrada en impartir justicia a todos por igual, y no esté supeditada por poderes políticos o económicos.

Como publicó recientemente Última Hora, todos los ministros de la Corte Suprema, salvo Víctor Ríos y Gustavo Santander, cuentan con inamovilidad por lo que se mantendrán en el cargo salvo muerte, renuncia o destitución por la vía del juicio político, hasta los 75 años. El próximo ministro que alcanzará la edad de 75 y debe jubilarse es César Garay Zuccolillo, y lo hará en el año 2030. En esa línea de tiempo le siguen el ministro César Diesel, quien cumple 75 en el 2031, y el ministro Eugenio Jiménez Rolón cumplirá los 75 años en el 2032.

Gustavo Santander Dans juró ayer como ministro de la Corte Suprema de Justicia en la sede del Congreso Nacional, y ha llegado a esa instancia para reemplazar al muy cuestionado Antonio Fretes.

Antonio Fretes permaneció en la institución por más de 20 años, y al final salió por la puerta grande cuando se acogió a la jubilación al cumplir los 75 años. Esto sucedió pese a que pasó sus últimos días bajo permiso, en medio de escándalos por supuestos hechos de corrupción. Aquel caso se inició cuando se hizo público un contrato firmado entre Amílcar Fretes, hijo del ministro Fretes, con Kassem Mohamad Hijazi por USD 368.000, con el objetivo de frenar la extradición a los Estados Unidos del ciudadano libanés. El abogado e hijo del ministro tuvo que renunciar de la Itaipú binacional, mientras que el ministro Antonio Fretes pidió permiso para apartarse de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Hubo protestas de sectores políticos y la sociedad civil pidiendo la renuncia del ministro frente a hechos que hacían suponer que la intención del contrato era llegar al ministro para trabar el proceso de extradición.

El actual titular de la Corte, César Diesel, se encuentra actualmente en medio de un escándalo debido al nombramiento de su hijo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) bajo la presidencia de Jorge Bogarín, quien recientemente fue designado significativamente corrupto por el Gobierno de los EEUU. Asimismo fue señalado, por el senador Pedro Santa Cruz, de formar parte de una rosca de aprietes y recaudación que se dio en el JEM con Bogarín como presidente, y los diputados Rodrigo Blanco y Hernán Rivas.

Este debería ser el enfoque a la hora de analizar la duración de los mandatos de ministros, pues como se ve la Justicia está en crisis precisamente porque lo que necesita son personas probas e intachables. Siempre que la Corte sea una instancia integrada por personas honestas, rectas y que desempeñan sus funciones no solo con capacidad, sino también con total independencia de poderes externos, el tiempo que ocupen el cargo dejará de ser tan importante.

No podemos seguir permitiéndonos escándalos o denuncias, que no solamente ponen en cuestión la gestión de ministros, sino que además arrastran con ellas a la misma institución. Nuestra joven democracia no precisa contar con funcionarios que solo se aferran a sus cargos y privilegios, sino que necesita de aquellos que sean capaces, comprometidos e independientes, pues esa es la justicia que se merece el pueblo paraguayo.

Al ser una de las instituciones del Estado más cuestionadas, de los ministros que deberían administrar y supervisar la Justicia, se espera que sean capaces de poner orden en la casa; pues la impunidad que se ha construido a través de la chicanas y las demoras en muchos procesos judiciales ya es inaceptable. Las demoras en los procesos han asegurado demasiada impunidad a la corrupción pública y eso debe empezar a cambiar.

La sociedad civil junto con la clase política deben asegurar la suficiente presión para que la Justicia en el Paraguay recupere la confianza y la credibilidad de la población. Todos los ministros de la Corte Suprema, excepto Víctor Ríos y el nuevo ministro Gustavo Santander, cuentan con inamovilidad otorgada por la Sala Constitucional, y se mantendrán en el cargo hasta los 75 años, salvo que antes fallezcan, renuncien o sean destituidos por la vía del juicio político. La ciudadanía debería enfocar ahora sus mejores esfuerzos en seguir reclamando una justicia independiente que esté concentrada en impartir justicia a todos por igual, y no esté supeditada por poderes políticos o económicos.