De esta manera, la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, que han hecho honor a su popular denominación de Cámara de la Vergüenza, recibieron un duro golpe y una triple derrota política en su descarado intento por proteger el secreto sobre el crecimiento de sus patrimonios y lograr la impunidad en los casos de que se compruebe que han mentido al declarar sus posesiones.
Como si no fuera suficiente con la sanción a través de una aplanadora colorada y liberal de la cuestionada ley en la Cámara Baja, se ha revelado que 18 diputados colorados cartistas y abdistas, con dos aliados liberales llanistas, intentaron como una acción desesperada evitar que sus declaraciones juradas se hagan públicas, presentando una recusación contra los ministros de la Corte como “terceros interesados”, pero la acción fue oportunamente desestimada.
A pesar de que el recurso fue planteado la semana pasada, los nombres de los firmantes se conocieron recién el lunes último. Entre ellos, según publicó ayer este diario, los colorados cartistas Pedro Alliana, Basilio Bachi Núñez, Cristina Villalba, Rocío Abed, Miguel Tadeo Rojas, Del Pilar Medina, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Blanca Vargas, Justo Zacarías Irún, Néstor Ferrer y Derlis Maidana; los colorados abdistas Freddy D’Ecclessiis, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Carlos Núñez Salinas y Roberto González; y los liberales llanistas Édgar Ortiz y Andrés Rojas Feris, Hugo Capurro y Enrique Mineur, además de otras firmas que no fueron identificadas.
Como pocas veces antes, estas impresentables figuras de la clase política movieron todas sus influencias para tratar de evitar que sus declaraciones juradas salgan a luz, pero no lo han podido lograr. La Contraloría General de la República anunció que desde el próximo lunes empezará a publicar en su portal web institucional las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, que deben ser desde el año 1998 al 2017, según el pedido formulado y respaldado por la Justicia, empezando por las que fueron presentadas desde el 2014 y se espera que en un plazo de 60 días se pueda dar a conocer la mayor parte.
Estos datos serán muy útiles para los periodistas de investigación como para los organismos ciudadanos que vienen ejerciendo un trabajo de control y vigilancia sobre el uso del dinero público, buscando detectar los hechos de corrupción. Colaborará sobre todo a dar más transparencia a la gestión pública.
Como pocas veces en el ámbito político paraguayo, la lucha de la ciudadanía logró una contundente e importante victoria a favor de la transparencia y la democracia, de la cual la clase política debe obtener oportunas lecciones.
