Editorial

Ciudadanía debe ser crítica con políticos ligados al narcotráfico

El lanzamiento del diputado colorado oficialista Ulises Quintana como precandidato a la intendencia municipal de Ciudad del Este vuelve a poner en el tapete la posibilidad de que figuras vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado accedan a cargos electivos, en este caso con el abierto respaldo de referentes del actual Gobierno. La vigencia de la narcopolítica ha causado muchos daños a la sociedad paraguaya y al sistema democrático, como el asesinato del periodista Pablo Medina a manos de una banda criminal liderada por un intendente municipal colorado. La ciudadanía debe ser crítica para evitar que políticos procesados por vincularse con el tráfico de drogas puedan seguir conquistando puestos de poder.

Como si no tuviera ningún proceso judicial encima que lo ligue al narcotráfico, el diputado colorado oficialista Ulises Quintana realizó en la noche del sábado último un gran acto político en la Villa Bancaria de Ciudad del Este, lanzando oficialmente su precandidatura para la intendencia municipal de la capital del Alto Paraná. Lo hizo con el abierto respaldo de varios legisladores del Movimiento Colorado Añetete, liderado por el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, entre quienes se encontraban los diputados Arnaldo Samaniego, Freddy D’Ecclesiis, Luis Urbieta, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Martín Samaniego y su esposa Patricia Corvalán, intendenta municipal de Quyquyhó.

Aunque Quintana está bajo proceso y aún no ha sido condenado, fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al ser vinculado al presunto capo narco Javier Cucho Cabaña, detenido en setiembre de 2018 durante el operativo Berilo, llevado a cabo por siete agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Posteriormente, la Fiscalía presentó acusación por asociación criminal para el tráfico de drogas y lavado.

Quintana aparece vinculado en grabaciones de conversaciones telefónicas durante las investigaciones, concretamente en su intervención a pedido de Cabaña para liberar a Diego Medina Otazú, secretario del presunto narco, quien en agosto de 2018 fue detenido por la Policía de Nueva Londres, Caaguazú, con 190.000 dólares en su poder, presuntamente destinados al pago por un cargamento de cocaína. “¿Está todo limpio eso o hay que maquillar?”, es la pregunta que Quintana le hizo a Cabaña, ante el pedido de ayudar a liberar el dinero incautado por la Policía, según se escucha en la conversación telefónica grabada por el Ministerio Público y la Senad.

Tras haber permanecido diez meses en prisión, el diputado Quintana fue dejado en libertad ambulatoria y retomó su banca en el Congreso y lanza ahora su precandidatura a la intendencia de CDE.

La postulación de Quintana vuelve a poner en el tapete la posibilidad de que figuras vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado accedan a cargos electivos, en este caso con el abierto respaldo de referentes del actual Gobierno, dando a entender que tiene el apoyo del movimiento del presidente Abdo Benítez, quien hasta ahora no ha confirmado ni negado tal situación.

La vigencia de la narcopolítica ha causado muchos daños a la sociedad paraguaya y al sistema democrático, como ha ocurrido con el asesinato del periodista Pablo Medina en octubre de 2014, a manos de una banda criminal liderada por un intendente municipal colorado, el entones jefe comunal de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta.

Ante el caso de la postulación del diputado Ulises Quintana a la intendencia municipal de Ciudad del Este, al menos mientras la Justicia no resuelva su caso, la ciudadanía debe ser crítica para evitar que los políticos procesados por vinculaciones con el tráfico de drogas y con el crimen organizado puedan seguir conquistando puestos de poder.

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