Patricia contó este caso a propósito de los falsos discapacitados que accedieron a un cupo laboral amparados en la Ley Nº 3585/2008, que establece la obligatoriedad de que al menos el 5% del plantel de cada institución pública sean personas con discapacidad.
Ella considera que Matías es una persona con discapacidad que realmente merece un puesto laboral en alguna institución del Estado, por su perseverancia, por su formación y su destacada trayectoria como atleta.
Incluso, escribió Patricia, Matías fue uno de los galardonados en los Premios Juventud de Asunción.
¿Por qué escribo sobre el caso de Matías? Porque Matías tal vez no sea el único que no pueda acceder a un puesto laboral en las instituciones públicas, pese a la vigencia de la ley, sino que también otras personas con discapacidad quedan al margen, debido a que no tienen “contactos” que puedan acortar el camino o garantizar ese puesto amparados en el prebendarismo imperante en los entes estatales.
Una práctica que mata el sueño de centenares de personas con discapacidad que realmente sí tienen capacidades, formación y méritos para un puesto laboral. Y, por supuesto, una discapacidad del 33%, según establece la Senadis. Esta institución registra más de 120.000 personas con discapacidad en el país.
Por cierto, es de público conocimiento que lamentablemente en este país –en esta isla rodeada de tierra, como diría el escritor Augusto Roa Bastos– acceder a un puesto laboral tiene un costo político muy alto arraigado en el prebendarismo.
Actualmente, al parecer no bastan los cupos políticos para ubicar a los correligionarios en las instituciones públicas, sino que ahora la nueva estrategia es crear a “falsos discapacitados” para acceder a cupos laborales para el sector, amparados en la ley.
Este es el caso en el Instituto de Previsión Social (IPS), en el que se detectaron 14 “falsos discapacitados”, según las autoridades. Este grupo ya fue desvinculado inmediatamente e incluso se ordenó una denuncia ante el Ministerio Público, por presentar “documentos apócrifos” para validar una discapacidad.
Ni miopes, ni tontos. Al parecer la discapacidad de las personas no era tal como se declaraba en los certificados apócrifos, situación que llamó la atención entre los funcionarios de las oficinas del IPS. Ni las personas sufrían ceguera ni miopía grave, ni los del IPS eran tan ciegos como para no ver la falsedad de la discapacidad.
Ante tanto descaro, era casi imposible hacer la vista gorda en estos casos. Todo esto, según relató el abogado Cristian Fox, director de Gestión y Desarrollo de Talento Humano del IPS. Pero, para abrir un sumario a un funcionario de la previsional –denunciado por supuestamente formar parte de una red que falsificada los certificados de Senadis e incluso ofrecía un cupo laboral– el IPS sigue mudo.
El funcionario del IPS fue denunciado por los que accedieron a los certificados adulterados. Hasta el cierre de la edición en la semana, el funcionario seguía en su puesto de directivo, pese a que las autoridades del IPS tienen el nombre y apellido del denunciado. ¿Ciegos, sordos, mudos? Tal vez.
Al parecer, cada año se van creando nuevos mecanismos para llenar los cupos partidarios. En este caso, afectan a un sector muy vulnerable: las personas con discapacidad.
Estamos a solo dos meses de las elecciones generales. Espero que estos casos de prebendarismo, de corrupción que siguen permeando en el IPS, no solo tengan el impacto reputacional, sino que nos permitan ver, sin miopía, a quienes realmente debemos “botar”. Que el impacto también llegue a las urnas y no seamos como las autoridades del IPS ante la imperante corrupción: sordos, ciegos y mudos.
