EFE
Gil Botero y otros integrantes de la CIDH asistieron por vez primera a la escuela para maestros de Ayotzinapa, a la que pertenecían los 43 jóvenes, para presentar a las familias de los desaparecidos el plan de trabajo del mecanismo de seguimiento del caso.
“Es importante señalar que la CIDH implementa el mecanismo en el entendido” de que la búsqueda de los estudiantes y determinar su paradero “es una obligación que compete al Estado mexicano”, señaló Gil Botero en una rueda de prensa desde la escuela ubicada en Tixtla, en el sureño estado de Guerrero.
El relator dijo que mediante “un monitoreo exigente, riguroso y científico se puede llegar a un resultado exitoso y ese es el trabajo del mecanismo”, del que es coordinador.
Los objetivos “son, principalmente, el hallazgo de los 43 y el seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)” sobre el caso, apuntó.
Además, durante las visitas que realizarán al país durante un año revisarán los avances en la investigación, dijo el colombiano, quien insistió en que el grupo “no acepta la hipótesis del basurero de Cocula”, según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados allí por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Previo a la conferencia, Gil Botero, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, dialogaron con las familias de los 43 y recorrieron la escuela.
“Para mí ha sido impactante el encuentro con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos”, admitió Gil Botero, después de que Blanca Nava, madre de una de las víctimas, les dijo que los esperaban desde meses atrás.
"(Su llegada) es una esperanza, (...) como madres no perdemos la fe ni la esperanza de volver a ver nuestros hijos, de abrazarlos y decirles cuánto hemos hecho por ellos y que sepan todo lo que la gente nos ha apoyado”, señaló al dar la bienvenida al grupo.
Al presentar el jueves ante la prensa su planta de trabajo, el equipo de la CIDH dijo que supervisará que las autoridades sigan las “líneas factibles” sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero).
De acuerdo con la versión oficial, que ha sido cuestionada por el GIEI y otros organismos internacionales, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en el basurero y arrojaron sus restos a un río.
El mecanismo fue acordado el pasado julio entre la Comisión, el Gobierno mexicano y los representantes de los familiares de los desaparecidos.
El presupuesto facilitado por el Estado mexicano asciende a 565.000 dólares y cubre las tareas del mecanismo hasta un periodo de un año.
