ASUNCIÓN. Mal uso de bonos, desvío de fondos, malversaciones, fueron señalados por la CGR.
ACUSACIONES CONTRA ÓSCAR RODRÍGUEZ
El intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez ha sido señalado por la Contraloría General de la República (CGR) como responsable de varios aparentes delitos graves.
El pedido de intervención presentado a la Cámara de Diputados señala varios indicios de hechos punibles en la Municipalidad de Asunción, y se relacionan con irregularidades en la ejecución del presupuesto y la administración de los bienes municipales.
LOS FAMOSOS BONOS
En el documento de 216 páginas, remitido por el Ministerio del Interior a la Cámara de Diputados pidiendo la intervención de la Comuna capitalina, se señala la existencia de indicios de hechos punibles en el uso de los recursos obtenidos a través de la emisión de Bonos de la Tesorería de la Municipalidad de Asunción (G8 y G9).
La CGR concluyó que los recursos de estos bonos, por un total de G. 492 mil millones, fueron utilizados para financiar gastos corrientes en lugar de las obras de infraestructura para las que fueron emitidos, lo cual violaría la prohibición de usar crédito público para gastos corrientes. El informe sobre el uso de bonos también fue remitido al Ministerio Público.
DELITOS A PERSEGUIR
La CGR sostiene que existen delitos que deben ser perseguidos, según la situación detectada en la administración municipal capitalina, que incluye “graves inconsistencias contables y presupuestarias”, así como hallazgos que “resultan indicativos de irregularidades graves en la asignación y gestión de los recursos” y “malversación”.
Entre los hechos ilegales e ilícitos en la gestión de la gestión de Nenecho, figuran irregularidades en transferencias a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
También se señalan diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o porque fueron adquiridos en cantidades diferentes, usando recursos de Fonacide, Royalties y Compensaciones.
Otro punto señalado son los pagos realizados a proveedores sin que estén cumplidas las exigencias legales.
La Contraloría llamó la atención sobre inconsistencias en la información obtenida del personal de las empresas proveedoras de la Municipalidad en cuanto a la cantidad de empleados.
Señaló fallas en el control y la administración municipal, falta de aplicación de la política pública, desvío en la orientación política, falta de fiscalización y malversación.
MANEJO BASURA
El ente contralor señaló el incumplimiento en relación con los servicios de gestión de residuos prestados por EMPO Ltda. & Asociados, incluyendo la falta de pago y no resolución del problema a lo largo del tiempo.
Registró irregularidades en la recaudación de tasas (Limpieza y Patente de Rodados), diferencias en la aplicación de tarifas de limpieza en los mercados municipales, e irregularidades en los permisos de pago para vendedores en mercados.
En el Departamento de Área Verde, halló deficiencias en los registros de pagos de insumos, también señaló falta de actualización de inventarios de maquinaria y falta de ajuste a las certificaciones requeridas.
Hay déficit patrimonial en un proceso judicial, incumplimiento de los procesos de control y auditoría, inconsistencia en los estados financieros, desvío de fondos, etc.
CIUDAD DEL ESTE. Falta de transferencia al SNC, mal manejo de Fonacide y royalties, se cuestionó.
ACUSACIONES CONTRA MIGUEL PRIETO
La Municipalidad de Ciudad del Este también es objeto de pedido de intervención por parte de la Contraloría General de la República (CGR), donde el jefe comunal Miguel Prieto y sus defensores consideran que se trata de una maniobra política, considerando la mayoría de diputados del cartismo para investigarlo.
Según el documento presentado a la Cámara Baja, que cuenta con 74 páginas (142 páginas menos que el pedido de intervención a Asunción), Prieto es señalado por irregularidades financieras y deficiencias de gestión durante los ejercicios fiscales 2019 a 2022, consideradas tan serias que constituyen indicios de hechos punibles.
INDICIOS DE DELITOS
Si bien no detallan explícitamente cada “hecho punible” individualmente, sí especifican que los indicios surgen de las graves irregularidades detectadas, por ejemplo, en la ejecución del presupuesto o en la administración de los recursos municipales.
Se habla de mal desempeño de funciones, persistencia de peligrosos manejos del dinero público e irregularidades graves en la gestión y asignación de recursos, especialmente de las Transferencias.
Los argumentos principales de la CGR se basan en la irregular ejecución de obras a través de transferencias a terceros sin cumplir los procedimientos de contratación pública obligatorios.
Otros aspectos señalados son las inconsistencias en registros financieros que afectan la fiabilidad y transparencia, y por último, el incumplimiento de transferir recursos al Servicio Nacional de Catastro (SNC), que fue eliminado este año por la ley que creó el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral, y el Registro Unificado Nacional (RUN).
Señalaron que la Municipalidad de CDE incumplió la obligación de transferir G. 1.032.052.478 al SNC, correspondiente al 70% del Impuesto Inmobiliario recaudado durante el periodo 2019-2022.
FONACIDE Y ROYALTIES
La CGR señaló irregularidades y desvíos en el uso de recursos provenientes del Fonacide, Royalties y Compensaciones. Específicamente, se ejecutó la construcción de obras con estos recursos a través de transferencias a Organizaciones Sin Fines de Lucro y al “Sector Privado”, por G. 27.933.370.178.
Según el ente contralor, estas transferencias a terceros para la ejecución de obras públicas no cumplieron con los procedimientos obligatorios de contratación pública para este tipo de inversiones, desvirtuando la normativa.
Otros aspectos señalados son discrepancias en los registros financieros. Se detectaron inconsistencias significativas entre los ingresos registrados en el Libro Mayor y la Ejecución Presupuestaria de Recursos durante el periodo 2019-2022, con una diferencia de G. 79.229.657.
También se encontró una diferencia de G. 72.895.690 entre la Ejecución Presupuestaria de Gastos y los Formularios de Rendición de Cuentas en los ejercicios 2019 y 2021.
Los Estados Financieros de la Comuna esteña presentaron graves inconsistencias, incluyendo saldos irregulares y clasificaciones erróneas que afectaron su fiabilidad y razonabilidad, según la CGR.
Hubo inconsistencias en el registro de “pérdidas acumuladas” y movimientos irregulares en “utilidades acumuladas” y “reservas de revalúo”, indica el documento remitido a la Cámara Baja.
Se cuestionó también los pagos a proveedores sin que hubieran presentado la documentación exigida y sin que se cumplieran las exigencias legales, así como también, la falta de rendición de cuentas y control.
