La Contraloría General de la República (CGR) no logró, pese a reiteradas advertencias, que Petropar deje de pagar al IPS el aporte obrero del 9% que corresponde a sus 820 funcionarios. Mientras 760.000 trabajadores activos sí aportan, obligados por la ley de la previsional.
La jubilación de privilegio que la estatal de combustibles paga a sus funcionarios no solo fue objetada por el ente contralor, sino también por la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta ahora Petropar sigue imponiendo su criterio jurídico, basado en que “es un derecho adquirido de los trabajadores y está estipulado en un contrato colectivo homologado”.
El pago del aporte obrero del 9% le cuesta a Petropar más de 581 millones de guaraníes por mes y anualmente asciende a 6.972 millones de guaraníes. Así, sus 820 funcionarios se quedan con ese porcentaje. Por ende, se jubilarán sin haber aportado, como sí están obligados a hacerlo todos los trabajadores.
De acuerdo con los antecedentes, en una auditoría realizada en el 2011, la CGR fue categórica en su conclusión ante una respuesta emitida por Petropar en torno al pago en cuestión. Dijo que reconocía haber señalado que no existe ninguna norma que prohíba a la empresa hacerse cargo del aporte obrero, que debió corresponder inicialmente a los funcionarios absorber, tal como establece la ley del IPS.
Agregó que, sin embargo, “no es menos cierto que en forma simultánea dejó bien en claro al expresar que debido a la situación financiera que atraviesa la empresa estatal, debería considerar no mantener dicha política a favor de los funcionarios en detrimento de los intereses del Estado y, en especial, de los contribuyentes”.
A partir de dichas consideraciones, concluyó que Petropar siguió asumiendo el pago del 9%, “contrayendo indebidamente de esta manera cargos que van en detrimento de la institución”.
De acuerdo con informes recabados, los sindicatos de Petropar de nuevo se pusieron en alerta y están dispuestos a “dar guerra” para evitar que se les quite el privilegio de no abonar el aporte obrero.
Ex funcionarios de la empresa señalaron que ningún presidente se animó a enfrentar a los sindicatos respecto a este pago.
La presidenta actual de Petropar, Patricia Samudio, apuntó que ella no va a cortar el abono del aporte obrero, debido a que la puede exponer a muchas demandas laborales que podrían generar perjuicios económicos a la empresa.
Dijo que este pago se viene realizando desde administraciones anteriores y los asesores jurídicos señalaron que no es ilegal, que “es un derecho adquirido” de los funcionarios de la empresa y que está contemplado en el contracto colectivo de trabajo.
Por otra parte, no se descarta que este pago de privilegio pueda ser objetado por la auditoría que está realizando el Ejecutivo, bajo la coordinación del ex fiscal anticorrupción Carlos Arregui, quien aseguró que darán a conocer todos los hechos irregulares.
