El fiscal Diego Luciani dijo que el Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado” que entre 2003 a 2015 funcionó en el seno del Estado “una asociación ilícita de características singulares” y de forma “piramidal” que tuvo “en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”.
Los alegatos se ofrecieron en una audiencia virtual que se celebra por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires, en la cual estaba presente la líder del kirchnerismo. El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Fernández anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año que acabaron ganando, entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.
El fiscal dijo que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria que, lamentablemente y tristemente, se haya desarrollado en el país”.
Lo extraordinario se refiere a la “capacidad de acción”, la “perpetuación en el tiempo” y a “la ausencia de controles” por parte de los funcionarios.
Y que en su gestión se “creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” en paralelo a las funciones de la administración.
OBRA PÚBLICA VIAL. Luciani indicó que para ello “se escogió intencionalmente la contratación de obra pública vial en Santa Cruz” como medida para desviar fondos y se “creó un oferente”, es decir, la empresa constructora de Lázaro Báez, para favorecerlo en las licitaciones de obra pública vial. Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz.
En la causa también están acusados el propio Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.
El fiscal recordó que el matrimonio Kirchner y Báez eran socios comerciales y que el empresario era amigo íntimo de Néstor Kirchner.
Está previsto que durante nueve jornadas, los fiscales expongan cómo dieron por probado el “ropaje legal para crear las condiciones necesarias para crear el plan sistemático de extracción de fondos”. Al sentarse por primera vez en el banquillo, 8 días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, la viuda de Kirchner reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones, que el proceso respondía a una persecución judicial ideada por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Fue sobreseída en otras causas
La actual vicepresidenta argentina de 69 años, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos periodos presidenciales (2007-2015), pero aún enfrenta cinco procesos ante la justicia. En octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la ex mandataria de encubrir a los responsables del atentado perpetrado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos.