En el marco de la audiencia pública sobre la reforma del transporte público en la Cámara de Senadores, la directora jurídica del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), Lorena Segovia, planteó una serie de modificaciones al proyecto de ley.
La abogada solicitó que dentro del artículo 66, que habla de la tarifa, se establezcan claramente los componentes que la integran, de modo a que esto ya no sea un punto de discusión permanente. “Planteamos que este discriminado por costos fijos, costos variables, remuneración empresarial e impuestos”, dijo.
Por otro lado, respecto a la creación del Consejo Asesor del Transporte integrado por representantes de todos los involucrados –que según el proyecto– tendrá una opinión no vinculante sobre temas relacionados con el sistema, la abogada sugirió que este emita de forma obligatoria dictámenes relacionados con la sostenibilidad del sistema, las unidades funcionales y los pliegos de bases y condiciones.
Un tercer pedido realizado por el sector empresarial tiene relación con la duración máxima de los contratos. Segovia sugirió que estos puedan tener una duración mínima de 15 años y máxima de 30 años, como lo establece la Ley de Contrataciones Públicas. Afirmó que el plazo establecido por la propuesta es considerado “insuficiente” por el empresariado.
La portavoz de la Cetrapam también solicitó que dentro del fondo fiduciario que administrará los recursos del sistema, se contemplen recursos para las empresas que no ganen las licitaciones y deban cerrar, ya que la nueva propuesta cambiará las “reglas de juego” sobre la renovación automática. Señaló que de esta manera se podrá garantizar las indemnizaciones para los trabajadores despedidos.
Asimismo, sugirió que las remuneraciones realizadas desde el fondo fiduciario a las empresas operadoras se realicen en un plazo de entre 24 y 48 horas y no cada 15 días, como establece el proyecto de ley, ya que las condiciones planteadas resultarán insostenibles para las empresas.
35 son las empresas de transporte que operan en el área metropolitana. La reforma prevé reducir a 7 firmas.
