En el material, los obispos sostienen que el proceso de revisión, renegociación y actualización del tratado, por sus implicancias jurídicas, económicas, sociales y ambientales, necesita ser legitimado con el involucramiento y la participación de todos los actores de la sociedad nacional.
El documento de 46 páginas, desarrollado por obispos y laicos, ya disponible en la página www.episcopal.org.py, fue remitido al episcopado de la CNBB del Brasil y al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también será distribuido impreso en universidades.
El Anexo C podrá ser revisado en el 2023, en coincidencia con los 50 años de su entrada en vigor, según se estableció en una de sus cláusulas.
Para la CEP, es propicio iniciar el diálogo social al respecto, para el que proponen tener en cuenta los principios enunciados por el papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudim: que contempla dar prioridad al tiempo y no al espacio, entendido como pensar y trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos; que prevalezca la unidad sobre los conflictos, considerar la premisa de que la realidad antecede a la idea, comprender que el todo es superior a la parte o a la mera suma de las partes (atender al bien mayor).
En este sentido, la CEP, como una de las premisas, invita a entender que la binacional y la renegociación del Anexo C no representan toda la realidad del Paraguay, por lo que no puede constituirse en la única causa o en la solución de toda la problemática nacional, sino más bien un punto de inicio para el debate social para concretar políticas con miras al bien común, con mayor acceso a servicios básicos, educación y salud. Especialmente en la promoción de la población joven y los sectores más carenciados. Y con los embates de la pandemia apuntan que la renegociación debe plantearse con miras a “hacer mejor las cosas”.
Retomar la confianza. La participación de todos los sectores de la población también será clave para retomar la confianza e instalar en primer plano las necesidades, según la CEP. “Es opinión compartida en amplios sectores nacionales que existe una evidente asimetría entre los países beneficiados por la represa, que no favorece a nuestro país”, apunta. Este clima llegó a un quiebre con la firma del acta secreta bilateral en agosto de 2019, que la ciudadanía describió como un atentado a la soberanía. “Esta última crisis tiene hasta hoy un impacto gravitante respecto a la confianza en el Gobierno sobre el tema”, destaca la CEP.
Para el diálogo
Definir metas de la alianza con el Brasil. Aspirar a que ambos países sigan fortaleciendo sus relaciones, con normas y objetivos administrativos para el beneficio mutuo del usufructo del cauce hídrico y de la energía producida.
Políticas de inversión de energía y ganancias. Estas políticas deben verse reflejadas en el Presupuesto General de la Nación, favoreciendo el uso de los recursos generados por la Binacional
Tolerancia cero al uso indebido de fondos. La transparencia en los procedimientos administrativos debe ser un estilo nuevo.
Mejorar la calidad de vida de la población. Garantizar el acceso a servicios básicos, a precio accesible y adecuado al ingreso per cápita y al presupuesto familiar.
Invertir en el medioambiente. Integrar al Paraguay en políticas medioambientales del mundo, al servicio de la comunidad y no del lucro.
Críticas al uso de fondos
Desde su puesta en marcha, la Itaipú generó en conceptos, entre royalties, compensaciones y cesión de energía, unos 11.000 millones de dólares. En concepto de royalties, las gobernaciones y municipios recibieron desde el 2005 unos 1.300 millones de dólares y desde la promulgación de la ley del Fonacide en el 2013, otros 405 millones de dólares provenientes de la cesión de energía paraguaya no utilizada al Brasil.
Así también, con estos beneficios se dio el inicio del Fondo a la Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI) y el programa Becal, becas Carlos Antonio López, según destaca la CEP; este manejo de beneficios no siempre fue realizado de manera eficaz y eficiente. Y aunque aportaron a necesidades centrales, “no ha estado libre de codicia y de hechos de corrupción individuales y grupos de intereses particulares”, por lo que sobre estos hechos se entiende la expectativa creciente de la sociedad sobre la renegociación de Itaipú.