En la víspera, el intendente municipal Miguel Prieto denunció por exacción a la destituida intendenta municipal Sandra McLeod de Zacarías, quien con un grupo de concejales creó una tasa, sin sustento legal, para cobrarle al contribuyente un supuesto aporte para el Cuerpo de Bomberos, pero no fue entregado a la entidad, según la denuncia.
Prieto pidió a la fiscala general Sandra Quiñónez que designe a un fiscal patriota que envíe a la cárcel a la ex intendenta, porque el hecho está tipificado como crimen y no puede ser concedida la libertad ambulatoria. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Adjunta con el deseo de que sea enviada a Asunción, por desconfianza en los fiscales de Ciudad del Este.
La acusación está basada en el informe final de la doctora Carolina Llanes, quien había intervenido la administración municipal, y hecho ocurrió en el periodo 2010-2015. Además, involucra a varios concejales que crearon una ordenanza municipal para establecer un impuesto, que solamente puede ser creado por ley, según advirtieron los denunciantes en su escrito.
Los abogados Nidia Silvero de Prieto, Ricardo Romero y Mauro Barreto firmaron el escrito que fue presentado ante la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este, cuyo titular fue criticado por estar ausente ayer en su despacho. Silvero de Prieto señaló que el adjunto siempre fue un inservible y que la Fiscalía de Ciudad del Este era manejada con control remoto desde Asunción.
Prieto y los concejales Herminio Corvalán, Teodoro Mercado, María Portillo y Hugo Benítez acompañaron a los abogados para presentar la denuncia.
ANTECEDENTES. Los antecedentes dan cuenta de que por Ordenanza 17/2013 se creó el cobro de una tasa para ayudar a los bomberos que fue incluida en el impuesto a la patente de rodados, en el impuesto inmobiliario y en el impuesto a la patente comercial.
Los concejales que firmaron dicha ordenanza son Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Atilio Alegre, María Perla Rodríguez de Cabral, Celso Morel (fallecido), Nelson Maidana, Isaías Álvarez, Alberto Rodríguez, María Bernal, Juan Ángel Núñez, Lilian González y Aida Luz Molinas, según el escrito.
En la denuncia se menciona que en el año 2018 se recaudaron más de G. 4.578 millones, de los cuales solo el 6% fue entregado al Cuerpo de Bomberos, por lo que, según sostienen los abogados, claramente se cometió la exacción. “Este caso va a terminar involucrando a McLeod de Zacarías y a los concejales serviles para ellos de esa época”, afirmó Silvero de Prieto.
misma vara. El intendente municipal Miguel Prieto pidió a la fiscala general del Estado que designe un fiscal patriota para investigar el caso, señalando al mismo tiempo que no tienen confianza en los agentes de Ciudad del Este.
“Que todos los ciudadanos sean medidos por la misma vara. Que no haya privilegios”, argumentó Prieto al exigir que la ex intendenta sea investigada en prisión.
Por otro lado, recordó a la ciudadanía que ellos estaban haciendo su parte y pidió que las próximas manifestaciones en contra del clan Zacarías sean realizadas frente a la sede del Ministerio Público y el Poder Judicial, pero ya no en el microcentro de la capital altoparanaense.
