Esta es una de las 41 causas abiertas que tiene en su contra el intendente, por las denuncias realizadas por el ex concejal Celso Kelembu Miranda, la Contraloría Ciudadana y particulares.
En el recorrido por las obras, la mayoría correspondiente a construcción de empedrados y pozos artesianos, los fiscales fueron acompañados por técnicos del Laboratorio Forense, quienes realizaron mediciones para contrastar la información documentada con la realidad de los trabajos.
El fiscal Néstor Coronel afirmó que, hasta el momento, las verificaciones realizadas coinciden con los pagos registrados en su momento. “Estamos en una fase investigativa, comparando lo documentado con lo existente, para determinar si hay elementos de relevancia penal o si la denuncia carece de sustento”.
Agregó, además que “hasta ahora, todas las mediciones van de acuerdo con lo que en su momento se estableció como pago. Estamos conversando también con los presidentes de las comisiones formadas en aquel entonces para este fin que ahora nos trae en investigación”.
Destacó que el proceso es complejo y que la revisión de las 40 obras implicadas llevará tiempo. “Para nosotros sería ideal hacer las verificaciones inmediatamente después de que se presente una denuncia, pero esto implica una serie de análisis técnicos, revisiones documentales y una planificación estratégica para garantizar la rigurosidad del proceso. Lo que estamos haciendo ahora es parte de un trabajo exhaustivo para determinar si existe o no una irregularidad”, explicó.
PERITAJE. El fiscal subrayó que, en este tipo de investigaciones, es fundamental contar con peritajes técnicos y testimonios. “No solo hacemos la verificación física de las obras, sino que también cotejamos documentos administrativos, órdenes de pago y contratos. Además, hablamos con las personas que estuvieron involucradas en la ejecución de estos proyectos, a fin de tener una visión más completa del contexto”, detalló.
Sobre la posibilidad de que las denuncias sean desestimadas, Coronel señaló que “aún es prematuro adelantar conclusiones. La tarea del Ministerio Público es objetiva, buscamos hechos concretos que puedan sostener una acusación o, en su defecto, descartar las denuncias si no hay irregularidades. En este momento, seguimos en la etapa de recolección de pruebas”.
Mientras tanto, el intendente Prieto defiende su administración y sostiene que las investigaciones en su contra responden a una persecución política. El lunes pasado, solicitó a la Fiscalía General del Estado una auditoría de 31 de las 42 causas abiertas en su contra, denunciando adulteración de folios y la sustracción de pruebas. “En al menos 20 casos ya deberían haberme declarado inocente, pero hay presiones políticas que lo impiden”, sostuvo Prieto, calificando la situación como “terrorismo de Estado”.
Según el jefe comunal, algunas de estas denuncias ya fueron investigadas y desestimadas, como la sobrefacturación en la perforación de pozos artesianos, en la que un peritaje previo del Ministerio confirmó que las obras fueron ejecutadas correctamente. Sin embargo, el caso sigue abierto, lo que, según Prieto, evidencia una maniobra para desgastar su gestión.
Además su defensa denuncia la intervención irregular de fiscales en algunas causas, como la de la licitación para insumos de panificados durante la pandemia. En este caso, se acusa a la fiscal Alma Zayas de haber firmado una acusación cuando ya no estaba habilitada para hacerlo, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso.
