“Acá tenemos una lista aleatoria de organizaciones que incluyen clubes de fútbol, como Cerro Porteño, Libertad y Olimpia, la Feprinco, partidos políticos, la Fundación Ramón T. Cartes”, señaló.
Incluso la Conmebol está entre ellas.
Precisó que, haciendo un cruzamiento de datos, las organizaciones civiles recibieron del Estado USD 7 millones y aseguró que es imposible que haya recibido USD 1.693 millones de otros países.
Aseveró que el cartismo pretende con la Comisión y con la ley inmiscuirse en la actividad privada de estas organizaciones.
Asimismo indicó que están usando documentación pública de la Dirección de Ingresos Tributarios, “donde no dice lo que ellos dicen”.
“Eso hay que decir claramente. Eso sacaron de su cabeza. Agarraron al bulto y dijeron que hay 6.000 organizaciones que manejan USD 1.700 millones y hablan de 4 o 5 oenegés que a ellos no les gusta, entonces lo que están haciendo es manipular información para mentir, descalificar y perseguir a organizaciones que ellos perciben que tienen un discurso crítico contra el Gobierno”, comentó el legislador.
Sesión. El senador Amarilla había señalado que el monto de USD 1.700 millones representa el 5% del producto interno bruto (PIB).
Por su parte, Gustavo Leite dijo que le llama la atención que las organizaciones que más dinero mueven “son las que menos son”. “Mi primer análisis es que hay 4.300 cuentas de RUC nomás en esos 1.700 millones de dólares”, cuestionó Leite, quien también maneja una organización, pero se niega a rendir cuentas sobre los fondos.
CUMPLEN. Por su parte, el titular de la DNIT, Óscar Orué manifestó que la institución remitió el informe que solicitó la CBI y que en la nómina se encuentran todas las organizaciones sin fines de lucro, que son más de 6.000.
Además, dijo que no puede avalar lo señalado por miembros de la CBI, que señalaron que las organizaciones utilizan los fondos para “terrorismo de Estado”.
“Desde todo punto de vista, todas las organizaciones cumplen con las obligaciones legales en el territorio paraguayo. Eso ya es un juicio de valor que no sé quién hizo, pero que no puedo avalar ni estar de acuerdo con eso”, indicó a NPY. Por otro lado, dijo que la institución solo remitió los datos que la CBI solicitó.
“Si solicitan de forma disgregada podemos hacer también esa distinción. Lo cierto y lo concreto es no podemos mencionar cada una”, precisó ya que la ley restringe dar a conocer el movimiento de cada organización.
