Actualmente existen numerosas causas en trámites por hechos vinculados a corrupción cometidos por funcionarios públicos que se encuentran cajoneadas, con demoras excesivas en la tramitación y resolución de estas, o con innumerables chicanas presentadas por los acusados, que ahora chocan con un problema poco creíble, como la falta de recursos económicos para seguir las diligencias correspondientes.
Algunos de esos conocidos casos de corrupción, como el que atañe al ex ministro de Educación Luis Riart, quien fue hallado culpable del delito de lesión de confianza, no pueden ser ejecutados por el simple hecho de que no se tienen recursos suficientes para hacer “fotocopias” del expediente y que la causa corra traslado de una sala a otra en el Poder Judicial.
“Lo que pasa es que la jueza de sentencia Blanca Gorostiaga dice que no tiene recursos para sacar nueve tomos de expedientes para enviar al Juzgado de Ejecución. Porque una parte de la sentencia fue anulada y tenía que hacerse otro juicio con relación a otros procesados, entonces el expediente principal tiene que continuar y las compulsas deben ir al Juzgado de Ejecución, el Juzgado que es de Sentencia dice que no tiene plata, la Fiscalía dice no tengo plata para sacar copias, ambas partes dicen que no y tampoco esperemos que el abogado de la defensa diga yo voy a poner, porque no va a hacer. Es un tema gravísimo que se da no solo en este expediente, sino también en los otros expedientes”, explicó la abogada María Esther Roa, titular del Gremio de Abogados.
Roa afirmó que ahora que la organización civil tiene acceso a las carpetas fiscales y los expedientes sobre casos sonados de corrupción, se dieron cuenta de que muchos expedientes simplemente demoran porque nadie quiere hacerse cargo de los gastos que implica realizar copias de documentos.
“Lo que pasa es que ahora cuando tenemos el control, tomamos conocimiento de los inconvenientes que hay en los expedientes. Aparte de que las penas son muy livianas en tema de corrupción pública, encima cuando quedan firmes después de muchas chicanas, te encontrás con este inconveniente para cumplir con la sentencia definitiva”, lamentó.
EL CASO. El Poder Judicial confirmó en febrero del 2020, la condena de tres años de prisión para el ex ministro de Educación Luis Alberto Riart, quien fue procesado por lesión de confianza en el caso de la compra del edificio Excelsior. El edificio, ubicado en 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant, de Asunción, era propiedad de María Josefina Scavone. Estaba valuado en G. 12.579.600.000 y fue adquirido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la administración de Luis Riart, por G. 14.045.123.400, a modo de urgencia.
Debía albergar oficinas para unas 200 personas. Sin embargo, la Fiscalía constató en su momento que no había urgencia para la compra, y halló contradicciones en el proceso, debido a que primeramente se realizó la compra vía excepción y luego se llamó a licitación para la remodelación del edificio.
En el caso fueron investigados, además del ex ministro Riart, los ex funcionarios del MEC José López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas; Marco Antonio Ferreira Basualdo, ex asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), y Luis Fretes, ex coordinador de la misma unidad.
No obstante, por falta de “copias” no se está haciendo la ejecución de la condena.
Además de este caso existen varios procesos que siguen en el limbo.
NOTA. La Coordinadora de Abogados del Paraguay envió una nota a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se disponga de recursos económicos para cubrir los gastos de las compulsas de este expediente y de otros que corren la misma suerte.
Asimismo, exhortaron que en todo caso, se saquen fotocopias en la Secretaría de la Presidencia de la Corte Suprema, donde se disponen “modernas fotocopiadoras”, con el fin de facilitar el cumplimiento de las sentencias definitivas condenatorias.
En ese sentido, comunicaron que en caso de que no se dé una solución al problema planteado, la organización iniciará “una campaña solidaria a nivel país para juntar recursos económicos para cubrir gastos de expedientes de corrupción pública”, y con ello allanar el camino para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
“La baja efectividad de la Justicia en la persecución de estos delitos se refleja en escasas condenas, varias extinciones y prescripciones por falta de impulso en las causas, falta de elevación a juicio oral y demoras excesivas en la resolución de los recursos interpuestos por las partes. La capacidad de respuesta del Poder Judicial frente a este tipo de delitos es altamente ineficiente”, sostiene el documento.
