28 mar. 2024

Casos de corrupción con incontables chicanas también podrían prescribir

El caso del presunto desvío de los G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura no será la única causa que prescriba, ya que existen numerosos procesos más por hechos de corrupción que también se siguen dilatando en la Justicia y llevan años sin poder hacerse el juicio oral y otros sin poder realizarse siquiera la audiencia preliminar.

Una vez más, el guiño del Poder Judicial está permitiendo que abogados presenten chicanas y alarguen los procesos.

CASOS EN PANDEMIA. Uno de ellos es el de la ex titular de Petropar Patricia Samudio, acusada por la presunta sobrefacturación en la causa conocida como del agua tónica.

La acusación fue el 1 de junio de 2021 y casi tres años después todavía no puede hacerse la audiencia preliminar, suspendida ya en seis ocasiones. El abogado había sido sancionado por la Corte por las chicanas, en junio del 2022.

La Fiscalía también pidió que se les imponga la prisión preventiva y Apelaciones solicitó a la Corte sanciones disciplinarias contra la ex titular y su esposo José Costa, pero no se expidieron al respecto.

Por otra parte, en la causa del ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo, acusado en el caso conocido como de los tapabocas de oro, tampoco se realizó la audiencia preliminar, que ya se suspendió en ocho ocasiones.

La acusación es del 30 de abril de 2021 contra Melgarejo y otras seis personas, por supuestamente cuadruplicar en menos de un día y medio los precios de los cuatro mil tapabocas adquiridos en el 2020.

POLÍTICOS CON CARGOS. También varios políticos que siguen ocupando cargos en el Gobierno están dilatando sus casos por corrupción.

Pese a contar con una condena por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, Óscar Rubén González Chaves, hijo del ya fallecido ex senador colorado, Óscar González Daher, es concejal municipal en Luque. Su sentencia fue dictada el 12 de agosto de 2021; sin embargo, hasta la fecha no quedó todavía firme, porque hay muchas trabas y el caso continúa parado en la Corte.

Desde hace once meses que no se resuelve la casación pendiente, ya que González Chaves recusó a camaristas y ministros, por lo que todavía no se pudo integrar la Sala Penal que estudie el recurso.

Luego está el diputado Miguel Cuevas, que continúa ocupando su banca en la Cámara Baja, quien debe enfrentar juicio oral por enriquecimiento ilícito y declaración falsa el próximo 23 de febrero. Sin embargo, desde el 2021 sigue pendiente una acción de inconstitucionalidad.

Justamente esa acción pendiente y una recusación había paralizado el intento de juicio en julio del año pasado.

Otro político que sigue campante en su banca es el diputado Tomás Rivas, quien fue acusado el 22 de noviembre de 2019 por el caso de sus caseros. Sus dos empleados sí fueron condenados, pero él logró ser absuelto en el 2021, sentencia que fue revocada y debe enfrentar nuevo juicio.

Hasta el momento, no se puede reiniciar el juzgamiento porque sigue pendiente que la Corte resuelva un recurso extraordinario de casación.

El legislador había hecho un acuerdo conciliatorio con el entonces presidente de Diputados y pagó G. 121 millones, pero la Fiscalía sostiene que no correspondía hacerlo con él.

El otro diputado procesado es Ulises Quintana, acusado en una causa por narcotráfico con Reinaldo Javier Cucho Cabaña, tras el operativo Berilo.

Hasta ahora no se puede hacer la audiencia preliminar, luego de cuatro años de proceso. La causa es del 2019; se había trabado por un recurso de la Fiscalía, que paró el caso por tres años en la Corte.

EX DEL JEM. Pese a que es larga la lista de casos de corrupción trabados, el último en la nuestra es Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quien fue absuelto en su causa por enriquecimiento ilícito el 26 de noviembre de 2020.

Sin embargo, se determinó que el juicio debe reiniciarse y, pese a que ya se conformó un nuevo Tribunal, todavía no hay fecha de nuevo juzgamiento.

G. 3.700 millones del MAG fueron supuestamente desviados por los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy.

Niegan que teléfono brindado a la Justicia sea de Cardozo

“Número equivocado”. Desde la Redacción de Última Hora se intentó contactar con el ex ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Enzo Cardozo. La persona que atendió el teléfono, cuyo número obra ante la ley como propiedad del ex funcionario, remarcó que no se trataba de Enzo Cardozo.

La línea de teléfono celular con terminación 060 se encuentra junto a la dirección oficial dada como el lugar de cumplimiento del arresto domiciliario de Cardozo.

El ex titular del MAG, quien fue acusado en el supuesto desvío de unos G. 1.200 millones dentro del caso conocido como de los G. 3.700 millones, brindó como datos ante la Justicia una residencia en Asunción y el citado número de teléfono.

El arresto domiciliario a Cardozo es atinente a la condena de 10 años de cárcel en la causa denominada “Silvio Riveros y otros sobre estafa y otros”, por el desvío de fondo de unos G. 68.000 millones.

El número 060 fue efectivamente atendido por una persona de sexo masculino, quien respondió, al identificarnos como Última Hora, que la línea no correspondía a Enzo Cardozo; incluso, tras la insistencia, refirió que se trataba de un error.

En el caso de los G. 3.700 millones desviados durante su administración, identificamos innumerables recursos que permitieron repetidas suspensiones de audiencias preliminares y recusaciones que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, que alejó al juez Humberto Otazú por dos años. Además, puntualmente la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Enzo Cardozo permaneció sin resolución por cuatro años ante la máxima instancia judicial. Este último incidente, según remarcó el fiscal Leonardi Guerrero, hizo que el expediente se encuentre fuera del Juzgado de Garantías desde diciembre de 2015 a marzo de 2019.

La causa, que se inició en el 2014, terminó en la prescripción simple de los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, además de unos once imputados, tras cumplirse el plazo procesal de más de cinco años.

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