Las funcionarias del Congreso Lidia González, Lorena Gauto y Leonarda Vera, quienes dependen del despacho de la senadora Zenaida Delgado deben comparecer mañana de mañana en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, sobre la calle 15 de agosto de Asunción, para detallar cómo habrían sido víctimas del “esquema”.
La fiscala Marlene González confirmó que el Ministerio Público todavía no tiene ninguna prueba en la causa y que recién está “empezando a andar” la causa. No tiene ni los comprobantes de las transferencias que supuestamente recibió Delgado de sus funcionarios como “pago” de sus nombramientos.
Tampoco obra en la carpeta fiscal los audios que se filtraron, ni las capturas de pantalla que circularon. “Los indicios son los que son de público conocimiento se sabe, esto se hizo (público) a través de las publicaciones y eso es lo que nosotros tenemos que corroborar si es real y efectivamente podemos ingresarlo”, detalló a los medios.
Admitió que esta causa por supuesto tráfico de influencias es de la que “se va construyendo de acuerdo a cómo va desarrollándose”.
Zenaida se presenta en Fiscalía
La senadora Zenaida Delgado se presentó en la mañana de este miércoles ante la sede del Ministerio Público con el objetivo de ponerse a disposición de las autoridades judiciales, tras las recientes publicaciones y acusaciones en su contra sobre supuestas irregularidades. La funcionaria rechazó las acusaciones en su contra y expuso un supuesto complot.
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Sin embargo, las denuncias en su contra se refieren a que ella supuestamente gestionaba la contratación de funcionarios, prometiendo hasta bonificaciones salariales al inicio, monto que presuntamente debían entregarle cada mes a la legisladora.
Los montos variarían según el salario y el cargo de cada persona. Hay quienes tenían que dar G. 1.350.000, G. 1.500.000, G. 2.000.000 y hasta G. 2.500.000 mensuales.
“Esa bonificación es justamente para la senadora”, contó una denunciante. Luego, para tener el nombramiento permanente, ya tenían que dar sumas millonarias que llegarían a los G. 100 millones.
Si no cumplían, eran despedidos supuestamente, amparándose la senadora en que recién después del nombramiento tenían estabilidad. Los aumentos de salarios tenían la firma de Bachi Núñez, quien dijo desconocer el modus operandi ilegal.
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Lidia González contó detalladamente cómo la senadora le pidió G. 150 millones y, que en todo el tiempo que trabajó con ella, sufrió maltratos sicológicos.
Ella mostró pruebas de las transferencias que hizo a Delgado, quien pedía dinero constantemente y de manera “urgente”.
Lorena Gauto, por su parte, nunca recibió pedidos directamente, sino a través de sus compañeros la senadora solicitaba dinero. La mujer habría sido obligada a sacar un préstamo de G. 15 millones.
